El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el inicio del procedimiento activado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que busca determinar si las desapariciones en el país son sistemáticas o generalizadas. El proceso, basado en el artículo 34 del Comité, fue formalmente iniciado este miércoles, tras ser activado en abril de 2025.
Hasta este jueves, el Gobierno mexicano reconoce casi 134,000 personas desaparecidas en el país. En un comunicado oficial, la Cancillería afirmó que “la desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”.
México niega carácter sistemático del fenómeno
La SRE sostuvo que las afirmaciones del Comité “carecen de sustento” y que el fenómeno está “principalmente vinculado con la delincuencia organizada”. También destacó que se han fortalecido las instituciones encargadas de búsqueda e identificación, se han creado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente con familiares y colectivos de víctimas.
Activación del artículo 34 y antecedentes
El artículo 34 permite al Comité llevar la cuestión “con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, si considera que existen indicios bien fundados de desapariciones sistemáticas. La ONU respaldó en abril la postura de colectivos, investigadores y periodistas, lo que derivó en la activación del mecanismo.
La postura del Comité ha generado reacciones desde distintas instancias nacionales. La Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticaron la medida, calificándola como una “estrategia para descarrilar” al Gobierno.
Contexto histórico del señalamiento internacional
La ONU ha señalado desde hace una década la existencia de desapariciones generalizadas en México. En 2014, tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, se emitieron los primeros señalamientos. En 2018, el organismo denunció obstáculos para realizar investigaciones. Finalmente, en 2021, el Comité logró visitar el país y en su informe de 2022 concluyó que la desaparición se había convertido en “el crimen perfecto”.
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