La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Xitlalic Ceja García, hizo un llamado al Gobierno Federal y Estatal para destinar mayores recursos económicos, humanos y de protección a las madres buscadoras de Baja California, entidad que registra uno de los mayores incrementos en desapariciones en los últimos años.
Durante su visita a la entidad, y acompañada por el dirigente estatal del PRI, Álvaro Aldrete, la legisladora pidió que en el análisis del Paquete Económico 2026 se consideren subsidios, equipo y personal especializado para fortalecer las labores de búsqueda. “La Cámara de Diputados exhorta a las comisiones competentes a incrementar y etiquetar recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas en Baja California”, señaló.
De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado reportó 810 casos en 2024 y 565 en 2023, siendo el periodo de mayo de 2024 a mayo de 2025 uno de los de mayor incremento porcentual a nivel nacional. Ceja añadió que Tijuana pasó de 1,494 a 2,500 casos en un año, mientras que Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito también muestran incrementos significativos.
La diputada advirtió que la crisis forense en la entidad agrava el problema. “En Tijuana existen más de 11 mil cuerpos sin identificar inhumados en fosas comunes, según el Servicio Médico Forense. Este cuello de botella demuestra la urgencia de mejorar la coordinación pericial y el acceso a bases de datos para devolver identidades a las familias”, explicó.
Ceja García subrayó que 54.68% de las personas desaparecidas tienen entre 15 y 39 años, mientras que 59% de las mujeres se concentra entre los 15 y 34 años. Además, 648 personas menores de edad permanecen desaparecidas, de las cuales 51.39% son niñas, lo que demuestra la necesidad de un enfoque diferenciado por edad y género en las estrategias de búsqueda.
Ante esta situación, la legisladora priista pidió garantizar acompañamiento con protocolos de riesgo, establecer tiempos máximos de respuesta, y activar ayuda psicosocial inmediata para las familias. También propuso la instalación de una mesa permanente de intercambio de información entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Baja California y el Centro Nacional de Identificación Humana, con el fin de abatir los rezagos forenses.
Finalmente, solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su homóloga estatal activar de manera urgente medidas de apoyo para las madres buscadoras, incluyendo transporte, hospedaje, alimentación, comunicación y gastos de campo, a fin de garantizar condiciones seguras y dignas en sus labores de búsqueda.
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