La expansión de centros de datos en México avanza sin un marco regulatorio ambiental definido, particularmente en Querétaro, donde estas instalaciones no están obligadas a presentar manifestaciones de impacto ambiental. La situación ha generado preocupación entre comunidades, académicos y organizaciones civiles por la falta de transparencia y las posibles afectaciones ecológicas, especialmente en un contexto de crisis hídrica.
Desde 2020, al menos doce centros de datos se han construido en Querétaro, operados por empresas como Microsoft, Google y Amazon. La mayoría se ubican dentro de parques industriales, lo que les permite estar exentas de evaluaciones de impacto ambiental, a pesar de requerir altos volúmenes de agua y energía para su funcionamiento.
Marco del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable del estado, explicó que “el data center es una empresa de servicios la cual no procesa insumos ni genera emisiones directas. No tiene por qué obtener una manifestación de impacto”. Un documento oficial de 2022 señaló que un centro de datos de Microsoft no requería evaluación ambiental al no considerarse sus actividades como fuentes fijas de emisiones.
Expertos y habitantes han señalado la falta de información disponible. Teresa García Gasca, exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, indicó: “Estamos en un mar de incertidumbre, no hay datos duros sobre los centros de datos” y agregó que los cortes de agua y energía son frecuentes en comunidades cercanas a estas instalaciones.
Paola Ricaurte, académica del Tecnológico de Monterrey, señaló que “esa opacidad está sirviendo para que nosotros, como ciudadanos, no tengamos la posibilidad de tener evidencia de esos impactos específicos de esta industria”. Añadió que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo operan estos centros y su posible impacto en la salud, el medioambiente y el terreno.
Desde el ámbito legal, Lorenia Trueba, del grupo Voceras de la Madre Tierra, recordó que “el código ambiental del estado habla de que cualquier actividad que pudiera causar impactos ambientales adversos, cuando exista el riesgo o la simple posibilidad de un impacto, hay la obligación de presentar evaluación de impacto ambiental”. Trueba destacó que Querétaro está vinculado al Acuerdo de Escazú, que garantiza el derecho a la información ambiental.
Además, las empresas de centros de datos están exentas de un impuesto estatal por emisiones, vigente desde 2021. Del Prete indicó que “las emisiones que genera un data center son emisiones indirectas que no provienen directamente de la operación del propio data center”.
A pesar de estas condiciones, la inversión tecnológica en Querétaro continúa en aumento. Microsoft, Google y Amazon han destinado 12 mil millones de dólares a nuevos proyectos, y en septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que CloudHQ invertirá 88.2 mil millones de pesos en seis centros de datos, con una demanda energética de 900 megavatios.
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