El abogado Luis Curiel Piña, primer vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), advirtió que las reformas a la Ley de Amparo podrían dejar a los contribuyentes, incluyendo grandes empresarios y ciudadanos, sin medios de defensa frente a actos de autoridad fiscal.
Durante su participación en las audiencias públicas convocadas por las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público, Curiel explicó que la propuesta establece la improcedencia del juicio de amparo, el recurso de revocación y el juicio de nulidad en casos donde ya se haya impugnado un crédito fiscal. Esto impediría defenderse ante nuevos actos de cobro por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Limitar los medios de impugnación de los que gozan los contribuyentes es tanto como darle una carta abierta a la autoridad para cobrar un crédito fiscal, independientemente de los derechos del contribuyente”, señaló Curiel. “Si ya le dijeron que no tiene medios de defensa, la autoridad podría intentarlo”.
El abogado detalló que, bajo el nuevo esquema, el contribuyente solo podría acudir a tribunales hasta la etapa de remate de bienes, cuando ya se hayan embargado cuentas o propiedades. “Si el banco le embarga su cuenta bancaria, no hay defensa. Se retiran los recursos y se acabó”, explicó.
Curiel Piña indicó que la reforma también exigiría garantizar el crédito fiscal con un depósito en el Banco del Bienestar por el monto total del adeudo, incluyendo recargos, multas y actualizaciones, antes de que se determine la procedencia del cobro.
Aunque reconoció que la iniciativa contempla avances como la digitalización de los juicios y la participación obligatoria de las autoridades, enfatizó que restringir la procedencia de los medios de defensa representa un riesgo para los derechos de los contribuyentes. “La reforma tiene bondades, pero limitar el amparo o la revocación no es el camino adecuado”, puntualizó.
Finalmente, Curiel confió en que los legisladores analicen a fondo la propuesta antes de su aprobación, asegurando que se respeten los derechos de los contribuyentes y se mantenga un equilibrio entre la autoridad fiscal y la defensa legal de los ciudadanos.
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