Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, representantes del sector privado y social alertaron que las modificaciones fiscales incluidas en el Paquete Económico 2026 podrían tener efectos adversos sobre la economía nacional, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y los consumidores.
Entre las principales preocupaciones, destacaron los incrementos a los impuestos aplicables a bebidas azucaradas, edulcorantes y cigarros, así como el aumento de tasas de IVA e ISR a operaciones en plataformas digitales. Dirigentes de cámaras y asociaciones advirtieron que estas medidas pueden elevar los precios al consumidor, fomentar la informalidad y fortalecer el mercado negro controlado por el crimen organizado.
El representante del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CANAINTA), Gastón Zambrano, señaló que, de aprobarse el paquete fiscal, una cajetilla de cigarros podría superar los 100 pesos en 2026, lo que incrementaría la venta ilegal. “El diferencial entre un producto legal e ilegal sería casi cuatro veces más. Hoy la industria formal no puede vender en más de 250 municipios del país”, advirtió.
Por su parte, Pierre Claude Blaise, de la Asociación Mexicana de Ventas Online, señaló que la aplicación de tasas de entre 2.5% y 4% sobre ingresos brutos a personas físicas y morales generaría una crisis de liquidez entre las mipymes, que operan con márgenes reducidos. “Tendrán que subir sus precios, lo que generará inflación”, explicó.
El vicepresidente de la Concanaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, calificó como “impuesto fallido” al aumento del IEPS sobre productos de consumo generalizado y alertó que su aplicación podría empujar a más negocios hacia la economía informal, que actualmente representa el 65% del total nacional.
A su vez, Patricio Caso, representante de la Concamín, detalló que el incremento propuesto sería de 1.43 pesos para bebidas calóricas y de tres pesos para las endulzadas con edulcorantes no calóricos. El sector considera que el ajuste generará presiones en costos y afectará la cadena de valor del comercio y la industria alimentaria.
En materia digital, Fabiola Peña, de la Asociación Latinoamericana de Internet, expresó preocupación por el acceso permanente y en tiempo real que la autoridad fiscal tendría a las operaciones de las plataformas, al considerar que vulnera la privacidad, protección de datos personales y el debido proceso.
Finalmente, Cuauhtémoc Rivera, de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), cuestionó la falta de transparencia en el uso de los recursos recaudados por impuestos al consumo. “Nunca se ha informado en qué se gastaron los ingresos del IEPS, ni durante el sexenio anterior ni en el actual”, señaló.
Los representantes empresariales hicieron un llamado a las y los diputados a revisar con responsabilidad las disposiciones fiscales propuestas por el Ejecutivo, a fin de evitar afectaciones a la inversión, la competitividad y el empleo formal.
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