Las protestas antiinmigración en Japón aumentaron tras el plan del primer ministro Shigeru Ishiba de traer a miles de estudiantes y trabajadores africanos a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Aunque el gobierno asegura que se trata de un programa de cooperación, el rechazo en las calles y redes sociales sigue creciendo.
El proyecto “hometown”
En el marco de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano (TICAD), realizada en Yokohama, la JICA anunció la designación de cuatro ciudades japonesas como “hometowns” de cuatro países africanos.
- Kisarazu (Chiba) fue asociada con Nigeria.
- Nagai (Yamagata) con Tanzania.
- Otras dos ciudades se vincularon con países africanos bajo el mismo esquema.
El programa buscaba fortalecer intercambios culturales y educativos entre gobiernos locales de Japón y África. Sin embargo, la traducción del término japonés furusato como “hometown” provocó confusión. En África, algunos medios informaron que implicaba facilitar la migración de ciudadanos hacia Japón, lo que generó expectativas de reubicación.
Malentendidos y reacciones
El gobierno nigeriano llegó a anunciar que Japón establecería un sistema de visas especiales para jóvenes altamente capacitados, mientras que medios tanzanos reportaron que “Nagai City había sido dedicada a Tanzania”. Posteriormente, ambos gobiernos corrigieron la información tras la aclaración japonesa.
Aun así, la Cancillería japonesa y la JICA enfrentan críticas por lo que se considera un error en la comunicación del proyecto. Localidades japonesas como Kisarazu y Nagai han recibido numerosas quejas y llamadas de rechazo.
Protestas y tensiones internas
Una manifestación se llevó a cabo frente a la sede de la JICA en Tokio, donde se exigió cancelar el programa. El tema ha tomado relevancia política en Japón, donde el debate sobre la presencia de extranjeros se intensificó durante las elecciones recientes al Parlamento.
Residentes expresan preocupación por la seguridad pública y el posible impacto en comunidades locales. Aunque el gobierno insiste en que no se trata de un programa migratorio, la polémica amenaza con afectar las relaciones con los países africanos involucrados.
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