El estadio Luis “Pirata” Fuente, remodelado con una inversión pública que pasó de 404 a más de mil 600 millones de pesos, enfrenta auditorías y críticas por fallas estructurales, retrasos y la ausencia del equipo profesional prometido. La obra, iniciada en 2022 por el entonces gobernador Cuitláhuac García, involucra a empresarios vinculados con personajes cercanos a Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López.
Una obra sin equipo y bajo sospecha
Con el argumento de reactivar el deporte, el gobierno de Veracruz justificó la reconstrucción del estadio tras un dictamen de Protección Civil. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en las licitaciones otorgadas a Pegsa Construcciones SA de CV, primera empresa a cargo de la obra. Antes de concluir los trabajos, el inmueble fue entregado en comodato por diez años al empresario José Carlos Vives Gómez, representante de CF Veracruzano.
Contratos con vínculos políticos
Las etapas posteriores de la remodelación fueron adjudicadas a Grupo AEM México JF SA de CV, empresa a la que se incorporó en 2019 Mario Manuel Guerra Mabarak, empresario de Poza Rica cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Guerra Mabarak mantiene sociedades con Fernando Padilla Farfán, señalado como operador financiero del senador Adán Augusto López. Ambos aparecen como socios en al menos una decena de compañías.
Promesas incumplidas
Durante su sexenio, Cuitláhuac García aseguró que la remodelación permitiría el regreso de un club de Primera División. “No podemos negociar el regreso de un equipo sin un estadio”, declaró en 2019. Sin embargo, ni el equipo ni la franquicia de Liga MX llegaron. El comodato con CF Veracruzano estableció condiciones para garantizar el uso deportivo del inmueble, pero hasta ahora ningún club profesional ha disputado partidos oficiales en el recinto.
Fallas y auditorías
El estadio fue inaugurado en mayo de 2025 y recibió la International Football Cup Veracruz, con participación de equipos nacionales y extranjeros. La afición denunció deficiencias en el diseño, como torres de servicios que bloquean la visibilidad en varias zonas. La gobernadora Rocío Nahle reconoció los problemas y anunció que no se cubrirán pagos pendientes hasta concluir una auditoría técnica.
Actualmente, la obra es revisada por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), la Contraloría estatal y la Auditoría Superior de la Federación. Los resultados preliminares se darán a conocer en septiembre próximo, mientras la inversión total sigue sin coincidir entre las dependencias: Finanzas reporta mil 604 millones de pesos, mientras que los contratos suman mil 499 millones.
Críticas desde el Congreso
En julio, la diputada priista Ana Rosa Valdés Salazar presentó un punto de acuerdo para que el Orfis informe sobre los costos y procesos de la remodelación. “Es una obra que de ningún modo tenía características de prioritaria”, cuestionó. También el senador morenista Manuel Huerta se sumó a las críticas, señalando que “alguien hizo un gran mal negocio”.
El proyecto, concebido como emblema deportivo y social, se encuentra hoy bajo la lupa de las autoridades fiscalizadoras y en espera de definiciones sobre su futuro deportivo.
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