El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, expresó su rechazo a la integración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, al señalar que excluye a la oposición, a las entidades federativas y a la sociedad civil, y acusó que su conformación responde a intereses unilaterales del gobierno federal.
Durante una entrevista con medios de comunicación, Moreira advirtió que es la primera vez en 48 años que una reforma electoral no surge de la oposición o de la sociedad organizada. “No se menciona a las oposiciones ni se incluye a los estados, a pesar de que somos una república federada”, dijo, y calificó la comisión como un “club de cuates” sin legitimidad para establecer las nuevas reglas democráticas.
El legislador afirmó que Pablo Gómez no puede presidir la comisión, al no ser actualmente servidor público, y sostuvo que el decreto señala que la comisión estará encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien designará a una persona responsable de coordinar los trabajos. En ese sentido, cuestionó la legalidad de las funciones conferidas a Gómez y la falta de transparencia sobre su integración.
Moreira también abordó la posible aprobación de una reforma constitucional en materia de extorsión, señalando que su bancada está dispuesta a participar, pero exige claridad en los transitorios, la definición de parámetros de colaboración entre los niveles de gobierno y un marco presupuestal adecuado. Asimismo, expresó su preocupación por el populismo punitivo, al aplicar sanciones uniformes sin considerar las distintas realidades de cada estado.
“Hay estados donde la extorsión no representa el mismo nivel de problema, como Yucatán o Querétaro. No se puede escalar punitivamente de forma homogénea”, declaró. En contraste, mencionó que en estados como Michoacán, Tamaulipas y Puebla, los gobiernos estatales han delegado la responsabilidad a la federación, lo que consideró una forma de inacción institucional.
En cuanto al panorama político, el líder priista aseguró que el país enfrenta una crisis estructural derivada de la forma en que Morena ha ejercido el poder. Criticó el manejo económico, la seguridad pública y las relaciones internacionales, y acusó al oficialismo de gobernar mediante la polarización. “Gobernar es resolver problemas, no ejercer poder”, sentenció.
Finalmente, rechazó cualquier intención de otorgar “cheques en blanco” al oficialismo y exigió un proceso de reforma con diálogo, inclusión y consenso. “Si se quiere una reforma legítima, debe incluir a todas las fuerzas políticas. De lo contrario, no genera confianza y no será aceptada por la ciudadanía”, concluyó.
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