El Laboratorio Electoral, organización especializada en temas de democracia y procesos electorales, expresó su preocupación por la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, al considerar que excluye a la sociedad civil, a la academia y a expertos en la materia, lo que, advirtió, podría afectar la legitimidad de las modificaciones al sistema electoral mexicano.
A través de un hilo difundido en sus redes sociales, la organización señaló que un proceso de esta magnitud requiere apertura y pluralidad, ya que sus implicaciones son trascendentales para el futuro democrático del país. “Un proceso tan crucial para nuestra democracia requiere un debate abierto y plural, no una decisión unilateral que ignore a una parte importante de la ciudadanía”, expresó.
El Laboratorio recordó que las reformas electorales estructurales en México han sido comunes después de procesos electorales complejos, como ocurrió tras las elecciones de 1988, 1994, 2006 y 2012, y advirtió que las propuestas recientes coinciden en la reducción de costos como eje central, lo que, a su juicio, pone en riesgo la calidad de los procesos electorales.
Entre las medidas discutidas en años recientes, la organización enumeró iniciativas enfocadas en reducir el financiamiento público a partidos políticos, eliminar la figura de representación proporcional, y prohibir la reelección, además de aplicar una política de austeridad republicana que impactaría el presupuesto de las instituciones encargadas de organizar los comicios.
En este contexto, la organización cuestionó que la comisión presidencial carece de la presencia de actores clave con capacidad de voto, como legisladores, integrantes de organismos autónomos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades electorales. Esta ausencia, sostienen, podría limitar el alcance y la legitimidad del debate.
“Desde el Laboratorio Electoral, reiteramos el llamado a que toda reforma se desarrolle con deliberación, diálogo, consenso, transparencia y rendición de cuentas”, subrayó la organización, al insistir en que un diseño institucional incluyente es esencial para garantizar una democracia sana y funcional.
Por último, el Laboratorio advirtió que cualquier modificación que se haga al sistema electoral debe estar sustentada en criterios técnicos y jurídicos sólidos, y no solamente en motivaciones políticas coyunturales o presupuestarias, para preservar la integridad del sistema democrático en el largo plazo.
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