El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra gobernadores, exgobernadores, legisladores, funcionarios y exfuncionarios de Morena, así como contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andrés López Beltrán y el senador Adán Augusto López Hernández, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En conferencia de prensa desde el Senado de la República, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que “México vive la peor crisis de su historia”, y sostuvo que existe un patrón de encubrimiento en los estados gobernados por Morena, lo cual —según dijo— se refleja en las cifras de más de 220 mil homicidios y 125 mil personas desaparecidas en lo que va del actual régimen.
Denuncias contra figuras clave de Morena
Moreno informó que el tricolor incluyó en su denuncia a los mandatarios Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Rutilio Escandón (Chiapas). También se señaló a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por presuntos actos de protección o colaboración con grupos criminales en sus entidades.
En el caso específico del senador Adán Augusto López, el PRI exigió su renuncia a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, tras afirmar que existen actas constitutivas de siete empresas ligadas tanto a él como al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Este último, añadió, estaría vinculado con el grupo criminal La Barredora, que habría planeado el suministro ilícito de más de 200 mil litros de diésel al Tren Maya.
Llamado a instancias internacionales
Moreno Cárdenas también adelantó que el PRI llevará estas acusaciones ante instancias internacionales, entre ellas la Corte Penal Internacional de La Haya y autoridades en Estados Unidos, con el argumento de que podrían constituir delitos de lesa humanidad. Además, involucró al exfuncionario federal Hugo López-Gatell y al exdirector de CFE, Manuel Bartlett Díaz, a quien relacionó con el caso del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.
El dirigente priista acusó al gobierno federal de utilizar ataques a la oposición como distractores, ante la falta de acción frente a lo que calificó como una creciente infiltración del crimen organizado en las instituciones. En ese sentido, sostuvo que las denuncias contra él por presuntos actos ilícitos fueron archivadas y atribuyó su origen a un intento de amedrentamiento político.
Finalmente, reiteró el compromiso de su partido para exigir que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y aseguró que el PRI “está firme” en su postura de presentar pruebas y recurrir a los canales legales disponibles. “Vamos a seguir denunciando con todos los elementos a nuestro alcance”, concluyó.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.