Campesinos Unidos de Sinaloa, agrupados en el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, entregaron un pliego petitorio al Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión, demandando pagos pendientes por cosechas de maíz y trigo, así como una mesa de diálogo inmediata con el Gobierno Federal. La solicitud, respaldada por 184 firmas de productores sinaloenses, fue presentada en conferencia de prensa encabezada por la diputada federal Ofelia Socorro Jasso y el presidente de la asociación, Baltasar Valdés.
El pliego, entregado previamente a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura, solicita el pago inmediato de 750 pesos por tonelada de maíz del ciclo 2023-2024 y 200 pesos por tonelada para coberturas, sin condicionamientos. Además, exigen la conclusión de los pagos correspondientes al trigo del ciclo 2024-2025, cuyos recursos ya están autorizados. Los campesinos subrayaron que los retrasos afectan la viabilidad de sus cultivos y la producción de alimentos para el país.
Impacto de la violencia en la producción agrícola
Baltasar Valdés destacó la crisis de seguridad en Sinaloa como un factor que agrava la situación del campo. “Cobros de piso, extorsión, secuestros y asesinatos de productores son una realidad que no se reporta completamente en la prensa”, afirmó. Esta violencia, sumada a la falta de agua y la caída en la producción de maíz al 25% respecto a hace tres años, amenaza la seguridad alimentaria nacional. Sinaloa, uno de los principales productores de maíz, enfrenta el riesgo de incrementos en el precio de la tortilla si no se resuelven estas problemáticas.
Los productores también pidieron la liberación de Guillermo Aguilar, un campesino detenido en Tamaulipas por protestar por mejores precios para el sorgo. “Es una injusticia que un productor sea procesado por exigir condiciones dignas”, señaló Valdés, advirtiendo que, de no atenderse esta situación, podrían organizarse manifestaciones a nivel nacional.
Demandas de política agrícola y soberanía alimentaria
El pliego petitorio incluye una solicitud para establecer una mesa de diálogo con el Gobierno Federal para revisar las políticas públicas del sector agrícola. Los campesinos demandan una agricultura “rentable, competitiva y digna” y proponen que los granos básicos, como maíz, trigo, sorgo y frijol, sean excluidos del T-MEC para priorizar la producción nacional y establecer precios basados en costos locales, no en mercados internacionales como la Bolsa de Chicago.
Valdés criticó la dependencia alimentaria de México, que importa cerca de 28 millones de toneladas de maíz anuales, y alertó sobre la vulnerabilidad ante posibles restricciones comerciales de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump. “La producción nacional debe protegerse con precios rentables para evitar un embargo alimentario”, afirmó.
La diputada Jasso reiteró el compromiso del PRI para dar seguimiento a las reuniones con el Gobierno Federal, programadas para el 31 de julio en la Secretaría de Gobernación. Los productores también entregarán una solicitud directa a la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando una respuesta inmediata a sus demandas.
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