El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Nueva York, acusándola de obstruir la aplicación de la ley migratoria federal mediante sus políticas de “ciudad santuario”.
La acción legal forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno del presidente Donald Trump, que ha presentado demandas similares contra Los Ángeles, Colorado, Illinois, Nueva Jersey y el propio estado de Nueva York. En todos los casos, el Ejecutivo busca revertir medidas locales que limitan la colaboración de las autoridades locales con agentes federales de inmigración.
“La ciudad de Nueva York ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia en interferir con la aplicación de las leyes de inmigración de este país”, señalaron los abogados del gobierno en la demanda.
“Sus esfuerzos por obstaculizar la aplicación de la ley migratoria federal solo se han intensificado”, añadieron.
Según el Departamento de Justicia, estas políticas dificultan el trabajo de los agentes migratorios y generan problemas de seguridad pública.
Normativas en vigor desde hace décadas
Las políticas de “ciudad santuario” en Nueva York se remontan a 1989, y fueron ampliadas en 2014 por el entonces alcalde Bill de Blasio, quien impulsó restricciones a la comunicación entre cárceles locales y autoridades migratorias. Ese mismo año se cerró una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la prisión de Rikers, la más grande de la ciudad.
Los defensores de estas políticas argumentan que contribuyen a mejorar la seguridad comunitaria, ya que permiten que migrantes denuncien delitos sin temor a ser deportados o perseguidos por su estatus migratorio.
Según datos de la New York Immigration Coalition, los condados con políticas de santuario presentan en promedio 35,5 delitos menos por cada 10 mil habitantes en comparación con aquellos que no las aplican.
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