El diputado federal Carlos G. Mancilla, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de reforma al artículo 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) con el propósito de armonizar el marco legal con la estructura administrativa vigente y dar certeza jurídica a la dependencia.
El legislador explicó que la propuesta busca establecer con claridad que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) es actualmente la dependencia coordinadora del Imjuve, en lugar de la Secretaría de Bienestar, como aún indica el texto normativo. Este cambio administrativo fue establecido en el Acuerdo Presidencial publicado el 24 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.
“La armonización normativa responde a regularizar una situación que estaba operando de manera irregular”, indicó Mancilla. “Con esta propuesta se busca que tenga rango legal y se le dé certeza jurídica al Instituto Mexicano de la Juventud”, añadió durante la presentación de la iniciativa.
De acuerdo con el diputado, esta actualización permitiría fortalecer la vinculación del Imjuve con programas laborales y de capacitación, como Jóvenes Construyendo el Futuro, así como con políticas relacionadas con empleabilidad, derechos laborales y productividad juvenil. El enfoque, dijo, responde a los desafíos actuales que enfrentan las juventudes en México.
Objetivo: mejorar articulación institucional
El proyecto legislativo también tiene como finalidad alinear la ley con los cambios estructurales recientes en la administración pública federal, y con ello mejorar la operatividad de las instituciones encargadas de diseñar e implementar políticas públicas dirigidas a personas jóvenes.
“Esta reforma reafirma el compromiso del Estado mexicano con el fortalecimiento de políticas públicas integrales para las juventudes, especialmente en el ámbito del desarrollo económico y laboral”, señaló el legislador priista.
En caso de ser aprobada, la modificación legislativa permitiría dotar al Imjuve de un marco normativo actualizado, coherente con su estructura funcional y operativo con los retos institucionales y programáticos que enfrenta. Según Mancilla, esta precisión en la ley es indispensable para garantizar que las acciones del instituto tengan respaldo legal claro y actual.
El diputado concluyó que su propuesta es una contribución para construir una institucionalidad más coherente y funcional en la atención a las juventudes, particularmente en un contexto de transformación laboral, social y económica en el país.
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