El Observatorio Electoral Judicial (OEJ) calificó como un retroceso histórico la elección judicial del 1 de junio de 2025, en la que se eligieron jueces, ministros y magistrados mediante voto ciudadano, al considerar que estuvo marcada por irregularidades, imposición desde el poder y violaciones a principios democráticos.
En su informe final, el OEJ afirmó que esta elección fue resultado de una reforma judicial acelerada, con procesos opacos y una organización improvisada. “La elección judicial de 2025 fue un retroceso histórico. De fondo y de forma”, sostuvo el organismo.
El Observatorio destacó que el objetivo de la reforma no fue mejorar la justicia, sino “eliminar contrapesos, concentrar el poder y debilitar al Poder Judicial”.
Llamado a reformar las reglas
El OEJ exhortó al Congreso de la Unión a modificar el marco legal para evitar que se repitan elecciones judiciales “impuestas desde el poder”, y propuso que las nuevas reglas se diseñen con participación de la oposición, expertos y la ciudadanía.
Entre sus planteamientos destacan:
- Procedimientos claros y consultivos para la selección de candidaturas.
- Reglas uniformes y transparentes para evaluar perfiles.
- Boletas claras y accesibles.
- Garantía de recursos para el INE y los organismos locales.
Fallas en la organización y transparencia
El informe detalla que la elección estuvo marcada por:
- Baja participación ciudadana.
- Ausencia del 16% del funcionariado electoral.
- Irregularidades en la cadena de custodia de los paquetes electorales.
- Falta de difusión sobre los mecanismos de recolección.
- Violaciones del INE a los principios de transparencia y máxima publicidad durante el cómputo distrital.
Aunque se implementó una transmisión en vivo por YouTube, el OEJ advirtió que esta medida no sustituyó el derecho de las candidaturas a participar activamente en esa etapa del proceso.
Denuncias por propaganda y operación ilegal
El Observatorio documentó 394 casos de candidatos beneficiados por anuncios ilícitos en redes sociales, con una inversión estimada entre 2.2 y 3.1 millones de pesos. Aunque la Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó los datos, “nada pasó”, afirmó el organismo.
Además, se denunciaron repartos de acordeones ilegales y la presunta “operación acordeón” con recursos públicos y estructuras gubernamentales. Según el OEJ, esta operación, junto con el diseño inequitativo de boletas, favoreció ciertas candidaturas y eliminó la incertidumbre propia de una contienda democrática.
“El resultado fue una elección capturada, donde las reglas y los árbitros se alinearon con el poder para producir un resultado predeterminado”, concluyó el Observatorio.
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