La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una proposición con punto de acuerdo presentada por la senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para exhortar al Gobierno Federal a emitir una declaratoria de emergencia por sequía en el estado de Sinaloa.
Durante su intervención, la legisladora sinaloense señaló que la crisis hídrica en su estado no se ha resuelto con las lluvias recientes, y afirmó que más de 130 mil personas siguen sin acceso al agua, mientras las presas se mantienen apenas al 13.5% de su capacidad. “La sequía no se resuelve con una lluvia”, afirmó Sánchez, al recordar que su solicitud fue presentada desde marzo, pero apenas se aprobó.
Afectaciones agrícolas y sociales
El exhorto aprobado por el Congreso solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que emita la declaratoria correspondiente para todos los municipios de Sinaloa, con el fin de mitigar los efectos naturales, sociales y económicos de la sequía.
El documento destaca que Sinaloa enfrenta la peor sequía de los últimos cincuenta años. Según cifras oficiales, el 100% del territorio estatal presenta algún grado de afectación, y 125 localidades ya dependen del suministro mediante pipas. Además, el 35% de las tierras agrícolas no han podido ser sembradas, lo que impacta directamente en la producción alimentaria regional y nacional.
Implicaciones de la declaratoria
De emitirse la declaratoria de emergencia, se podrían liberar recursos extraordinarios para la atención inmediata de la crisis, entre ellos apoyos logísticos para distribución de agua, insumos para el sector agrícola y medidas preventivas para garantizar el abasto en las zonas más afectadas.
Paloma Sánchez afirmó que esta medida representa un paso fundamental para visibilizar y atender la gravedad del problema, y reiteró el llamado a las autoridades federales a actuar con urgencia. “Con esto, ya tenemos una exigencia para que nos responda el Gobierno y atienda esta crisis”, expresó.
La senadora también señaló que la falta de acceso al agua potable vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la soberanía alimentaria, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta institucional inmediata y sostenida. Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha emitido una posición oficial sobre la solicitud.
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