La diputada federal del PRI, Ariana Rejón Lara, solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecer un esquema de condonación de intereses y suspender actos jurídicos contra empresas a las que Petróleos Mexicanos (Pemex) les adeuda pagos por servicios ya prestados. La propuesta se presentó mediante un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados, en conjunto con el legislador del PAN, Federico Döring.
Según datos presentados por Rejón, al cierre del primer trimestre de 2025, la deuda de Pemex con proveedores y contratistas asciende a aproximadamente 404 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 260 % respecto a 2018. A esta cifra se suman 50 mil millones de pesos adicionales por trabajos realizados pero aún no facturados, debido a fallas en el sistema Copades de la paraestatal.
La legisladora advirtió que esta situación ha generado una crisis financiera regional, especialmente en Campeche, donde más de 50 proveedores petroleros han tenido sus cuentas embargadas por el SAT al no poder cumplir con sus obligaciones fiscales. Esto ha derivado en retrasos en el pago de nóminas locales, afectando a familias de Ciudad del Carmen y otras localidades.
En estados como Veracruz y Tabasco, Rejón identificó una afectación adicional de 1,500 millones de pesos en adeudos a 25 empresas. La situación ha derivado en quiebras técnicas, suspensión de operaciones y reducción de empleos en el sector energético, según informó la legisladora.
La diputada también citó reportes de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC), los cuales advierten que, de no resolverse este problema, diversas PyMEs podrían cesar operaciones durante julio, afectando la producción nacional de hidrocarburos.
Rejón Lara argumentó que, aunque las empresas afectadas son contribuyentes regulares ante el SAT e IMSS, los atrasos de Pemex impiden el cumplimiento fiscal por causas ajenas a los propios contribuyentes. La continuidad de embargos, señaló, compromete tanto los derechos laborales como la estabilidad económica regional.
Finalmente, la legisladora del PRI calificó como contradictorio que el Estado actúe simultáneamente como deudor y sancionador. “Un gesto de condonación y suspensión de actos jurídicos podría equilibrar el sistema sin vulnerar derechos”, concluyó.
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