El diputado federal Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa para prohibir la venta, distribución y promoción de bebidas energéticas a personas menores de 18 años. La propuesta contempla sanciones de hasta 2,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes incumplan con esta disposición.
La iniciativa plantea reformas a los artículos 215 y 419, así como la adición del artículo 216 Ter de la Ley General de Salud, con el fin de regular de forma estricta la comercialización de estos productos. El legislador de Morena argumenta que el objetivo es proteger la salud física, mental y emocional de niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en una etapa crítica de desarrollo.
El proyecto define a la bebida energética como toda aquella no alcohólica que contiene ingredientes como cafeína, taurina, glucuronolactona, guaraná, ginseng o vitaminas del grupo B, y que se comercializa con el objetivo de incrementar la energía física o mental, el estado de alerta o la concentración.
En su exposición de motivos, Monreal subraya que la iniciativa responde a un enfoque de salud pública preventiva, ante el aumento del consumo de estos productos entre menores. Cita advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que han señalado los riesgos de estas bebidas, particularmente por su alto contenido de azúcares y cafeína.
El legislador detalla que el consumo habitual de estas bebidas puede generar problemas cardiovasculares, trastornos del sueño, ansiedad, deshidratación, alteraciones en el estado de ánimo y dificultades cognitivas, lo que afecta el aprendizaje, la memoria y la estabilidad emocional. Además, advierte que en adolescentes activos, su consumo puede incrementar el riesgo de colapsos durante actividades físicas intensas.
Monreal considera que la medida no busca restringir libertades individuales en adultos, sino garantizar el interés superior de la niñez y proteger su desarrollo integral. Enfatiza que el Estado debe adoptar un papel preventivo y crear entornos que favorezcan hábitos saludables desde edades tempranas, mediante educación, regulación y control publicitario.
Finalmente, el legislador concluye que estas modificaciones legislativas representarían un paso relevante en la adopción de políticas públicas orientadas a la salud preventiva, conforme a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de derechos de la infancia.
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