Ante el incremento sostenido del delito de extorsión en México, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) presentó una iniciativa para reformar la Constitución y permitir que este ilícito se investigue de oficio. La propuesta fue registrada el 11 de diciembre de 2024 por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, vicecoordinador económico del GPPAN, y se encuentra en análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales.
El legislador recordó que el 2 de octubre del mismo año ya había anunciado dicha iniciativa para modificar el inciso a) del párrafo XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de facultar al Congreso a legislar en materia de extorsión. El planteamiento busca reforzar el marco legal contra un delito cuya incidencia aumentó en más de un 60% en los últimos años, de acuerdo con cifras del INEGI.
“Urge terminar con este delito que lastima día a día a nuestra sociedad. Qué bueno que el gobierno reconoce que este ilícito ha crecido… y que es momento de trabajar y poner manos a la obra para detenerlo”, expresó Téllez.
Extorsión, delito en crecimiento
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, elaborada por el INEGI, reportó que más de 21.9 millones de personas mayores de 19 años fueron víctimas de extorsión, lo que representa un aumento notable respecto a años anteriores. En paralelo, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) reveló que este delito encabeza los ilícitos sufridos por el sector empresarial, con mil 562 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas, seguido por robo a mercancías y robo hormiga.
Según la misma fuente, los estados más afectados por este delito son Zacatecas, Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas, entidades que también presentan alta presencia del crimen organizado. En Zacatecas, por ejemplo, la tasa de extorsión alcanza casi 1,500 por cada 10 mil unidades económicas.
El impacto económico también es considerable. De acuerdo con datos del INEGI, los delitos sufridos por empresas —incluyendo extorsión, robos y fraudes— representaron pérdidas superiores a 50 mil millones de pesos tan solo en 2023.
Llamado a dictaminar la propuesta
El diputado panista urgió al Congreso a dictaminar la iniciativa, que permanece sin resolución en comisiones. Subrayó que el PAN está dispuesto a colaborar con otras fuerzas políticas para construir una respuesta integral frente a este delito.
“Es importante que el gobierno reconozca este grave ilícito que lacera a la sociedad y economía mexicanas, y que se tomen medidas. El PAN ya hizo su parte y esperamos que esta iniciativa sea tomada en cuenta”, concluyó Téllez.
El planteamiento busca establecer sanciones más severas y agilizar la persecución penal contra este tipo de actos, con el fin de frenar su crecimiento y garantizar condiciones mínimas de seguridad para personas físicas y empresas en todo el país.
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