Al menos 30 madres y padres buscadores han sido asesinados en México desde 2014 mientras realizaban labores para localizar a sus familiares desaparecidos, informó Amnistía Internacional este martes. De ese total, 16 víctimas eran mujeres, de acuerdo con el informe Desaparecer otra vez, presentado en el Centro Cultural de España en Ciudad de México.
El documento, basado en testimonios de 600 mujeres buscadoras, advierte que estas personas enfrentan niveles elevados de violencia en el contexto de sus actividades.
“Ésta es la punta del iceberg de las afectaciones a la integridad física de las mujeres buscadoras”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Mexicana.
Violencia y omisión institucional
El informe revela que el 97% de las mujeres buscadoras ha sido víctima de alguna forma de violencia, incluyendo:
- Amenazas de muerte
- Extorsiones
- Ataques armados
- Desplazamiento forzado
- Secuestros y tortura
- Violencia sexual
- Asesinatos
María Isabel Cruz, madre buscadora, declaró:
“Tengo 13 amenazas de muerte hasta el día de hoy, y sigo buscando a Yosimar. Lo que queremos es buscar sin miedo, buscar sin ser un blanco de la delincuencia o del mismo Gobierno”.
Amnistía Internacional también señaló que el gobierno mexicano ha minimizado la problemática, pese al reconocimiento internacional.
Cifras y reclamos
Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional España, indicó que en México hay:
- 130 mil personas desaparecidas o sin localizar
- 5 mil 698 fosas clandestinas
- Más de 72 mil cuerpos sin identificar
Además, denunció seis casos de desaparición de mujeres buscadoras y reafirmó que el fenómeno representa una grave violación de derechos humanos.
Araceli Rodríguez, también madre buscadora, expresó:
“Nosotros no pedimos que nuestros familiares desaparecieran ni ser desplazadas. Hacemos un trabajo que no elegimos”.
Cuestionan reforma a la Ley de Desaparición
Amnistía Internacional también criticó la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso el 1 de julio, sin consultar a colectivos, víctimas ni especialistas.
“Fuimos excluidas de esa conversación (…). La iniciativa se aprobó a puerta cerrada, a golpe de tambor, sin integrar observaciones”, señaló Olivares Ferreto.
La organización reiteró su llamado a que el Estado reconozca la labor de las buscadoras como defensoras de derechos humanos y les proporcione mecanismos efectivos de protección, frente a la omisión estructural en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.
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