Las y los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra de la propuesta de reforma contra el lavado de dinero, impulsada por el Gobierno Federal, al argumentar que la iniciativa afectará directamente a 60 millones de personas que laboran en el sector informal, quienes podrían quedar bajo sospecha si realizan operaciones bancarias en efectivo.
El diputado Christian Castro Bello, en representación de la bancada priista, sostuvo que si bien el combate al lavado de activos es un objetivo relevante, no debe realizarse con “leyes mal hechas” que, afirmó, vulneran derechos y abren la posibilidad de persecución política. Según expuso, toda persona relacionada con algún funcionario considerado Persona Políticamente Expuesta también se convertiría en sospechosa, sin importar si su vínculo es personal o laboral.
Por su parte, la legisladora Abigaíl Arredondo cuestionó que la reforma obligue a todas las sociedades mercantiles a reportar cualquier modificación en su estructura accionaria, lo que implicaría entregar datos personales a autoridades competentes. Subrayó que este requisito se impondría incluso a pequeñas empresas y emprendedores.
El diputado Hugo Gutiérrez señaló que no existe una justificación para requerir que notarías, corredurías públicas, inmobiliarias, joyerías y pequeños comercios asuman funciones de vigilancia que corresponden al Estado. En su intervención, afirmó que estas obligaciones podrían derivar en demandas o sanciones penales contra negocios que incumplan con los reportes.
Impacto en personas usuarias de efectivo
En el debate, el diputado Jericó Abramo destacó que la reforma tendría impacto en la población que utiliza efectivo para operaciones cotidianas, incluidos beneficiarios de programas sociales. Detalló que incluso quienes retiran dinero de la Tarjeta del Bienestar para realizar pagos en tiendas de conveniencia quedarían sujetos a revisiones y posibles consecuencias legales.
La bancada priista enfatizó que, con los términos planteados, la norma permitiría ampliar las facultades de vigilancia sin límites claros y trasladaría a los particulares responsabilidades que, señalaron, son propias de la autoridad investigadora.
Finalmente, el PRI pidió que las acciones contra el lavado de activos inicien con los casos en los que existen señalamientos públicos e investigaciones internacionales. Entre ellos mencionaron a la firma Vector, vinculada a Alfonso Romo, colaborador del anterior titular del Ejecutivo Federal.
Las y los legisladores señalaron que, en su opinión, el dictamen habilita mecanismos que consideran invasivos y que podrían derivar en control excesivo de la vida financiera de la ciudadanía, bajo el argumento de combatir actividades ilícitas.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.