Diputadas y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron un firme rechazo al dictamen de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la Sesión Extraordinaria del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de la LXVI Legislatura. Los legisladores denunciaron que la propuesta, impulsada por Morena, permite una vigilancia sin control judicial y vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía, al tiempo que acusaron al gobierno federal de un manejo opaco en el proceso legislativo.
La diputada Fuensanta Guerrero Esquivel señaló que la ley representa un riesgo para la privacidad de los mexicanos, al permitir al Ejecutivo acceder a datos personales sin supervisión adecuada. “Morena busca controlarnos, no protegernos”, afirmó, criticando que la iniciativa debilita instituciones y atenta contra el federalismo al imponer condiciones a estados y municipios. Guerrero destacó que la seguridad debe basarse en el respeto a la ley y la dignidad, no en la vigilancia desmedida.
Por su parte, el diputado Christian Castro Bello presentó una reserva para garantizar que cualquier solicitud de información a particulares, incluso mediante convenios, requiera autorización judicial previa. “Es inadmisible que se permita a la autoridad acceder a datos biométricos sin control judicial”, señaló, advirtiendo que la redacción de los artículos 12 y 26 viola el artículo 16 de la Constitución, que exige supervisión judicial para intervenciones de datos privados.
Proceso legislativo cuestionado
La diputada Xitlalic Ceja García calificó la propuesta como un “autoritarismo digital” y lamentó el proceso legislativo, ya que el dictamen fue publicado en la Gaceta Parlamentaria a las cinco de la mañana del 25 de junio, limitando su análisis. “Esto no es seguridad, es vigilancia desregulada”, afirmó, subrayando la eliminación de organismos como el Registro Nacional del Delito de Tortura y la falta de consulta a estados y municipios.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez criticó la eliminación del programa FORTASEG, que apoyaba la profesionalización de policías municipales, y la exclusión de los municipios en la discusión de la reforma. Propuso una reserva al artículo 96 para evitar que servidores públicos con procesos judiciales o administrativos sean promovidos en el servicio profesional de carrera. “La seguridad requiere estrategia y humildad, no shows”, afirmó.
La diputada Ana Isabel González González expresó preocupación por el acceso irrestricto a datos sensibles, como la ubicación de ciudadanos mediante dispositivos electrónicos, sin su consentimiento. “Esto podría derivar en suplantaciones de identidad o malentendidos graves”, advirtió, destacando el riesgo de que la ley facilite un control político excesivo.
El diputado Arturo Yáñez Cuellar acusó al gobierno de Morena de promover un “albazo legislativo” al presentar modificaciones al dictamen de madrugada y calificó la estrategia de seguridad como una “farsa”. “Morena no hace seguridad, hace simulacros”, afirmó, alertando que la ley busca establecer un control autoritario similar al de una “dictadura perfecta”.
El PRI anunció su voto en contra del dictamen, argumentando que la seguridad debe construirse con estrategia, transparencia y respeto a los derechos humanos, no con medidas que centralicen el poder o vulneren la privacidad. Los legisladores instaron a priorizar la protección ciudadana sobre intereses políticos.
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