Legisladoras y legisladores de distintas bancadas fijaron postura en torno al dictamen que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases para la integración, organización, funcionamiento y coordinación del Sistema entre los tres órdenes de gobierno.
Desde Morena, la diputada Julia Olguín Serna defendió la incorporación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, argumentando que no se trata de espiar, sino de cerrar espacios al crimen que opera desde el anonimato. Señaló que la reforma contempla controles, lineamientos y conducción institucional.
Por el PAN, el diputado César Damián Retes manifestó su respaldo a los aspectos que fortalecen a las instituciones civiles, como el bloqueo de señales en centros penitenciarios, aunque aclaró que su grupo votaría en contra de medidas autoritarias o que impliquen espionaje. “La seguridad no admite pretextos ni improvisaciones”, puntualizó.
Desde el PVEM, el legislador Carlos Canturosas destacó que la nueva ley impulsa la eficiencia, profesionalización policial y estandarización de procesos. Afirmó que se trata de una estrategia integral y coordinada frente al crimen, con mejores herramientas para las instituciones de seguridad pública.
El diputado del PRI, César Alejandro Domínguez, señaló que su grupo parlamentario votaría en contra, al considerar que el dictamen publicado en la Gaceta es distinto al aprobado en comisión. Criticó que la ley elimina el carácter civil de la seguridad pública y otorga facultades excesivas al Consejo Nacional de Seguridad para suspender recursos federales.
Desde Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu advirtió que la ley da continuidad a la concentración de poder en el Ejecutivo, a costa del federalismo. Llamó a mejorar la propuesta mediante diálogo y consensos, y rechazó el enfoque centralista de la política de seguridad planteada.
Diputadas y diputados de otras bancadas, como el PT, PRD y MC, expusieron posiciones diversas. Mientras algunos defendieron la coordinación entre niveles de gobierno y profesionalización policial, otros cuestionaron la posible militarización y el uso extensivo de herramientas de vigilancia, alertando sobre riesgos al pacto federal y derechos humanos.
El dictamen también fue respaldado por legisladores de Morena como Arturo Ávila y Dolores Padierna, quienes subrayaron que el objetivo de las reformas es dar claridad y estructura a la política de seguridad nacional, fortalecer a la Guardia Nacional y consolidar una respuesta coordinada entre Federación, estados y municipios.
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