El Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la sesión extraordinaria programada para este jueves a las 10:00 horas, en la que se discutiría la validación de los resultados de las magistraturas de circuito, luego de que varios consejeros solicitaron una nueva revisión de los expedientes de los 464 candidatos ganadores.
La decisión se tomó después de que la consejera presidenta Guadalupe Taddei informara que al menos dos personas no cumplen con el requisito constitucional de contar con un promedio mínimo de ocho en la licenciatura. No obstante, otros consejeros, como Carla Humphrey, señalaron que hay al menos 34 casos en los que los aspirantes no alcanzan el promedio de nueve en las materias correspondientes a la disciplina judicial en la que se postularon.
Ante estas observaciones, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva del INE a realizar una nueva revisión integral de los expedientes. El análisis incluirá una metodología específica y se aceptarán pruebas supervenientes, es decir, documentos añadidos al expediente original, para determinar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.
Hasta la tarde de este jueves, el INE no había definido la nueva fecha para la reanudación de la sesión extraordinaria. La revisión es necesaria para poder emitir las constancias de mayoría a los ganadores de las magistraturas de circuito, conforme lo establece la normativa constitucional.
El proceso ocurre nueve días después de que el INE concluyó con los cómputos de las seis elecciones del pasado 1 de junio, que incluyeron la renovación parcial del Poder Judicial Federal. Antes de validar los resultados, el Instituto debe verificar que los aspirantes cumplan con todos los requisitos legales y académicos.
Además del tema de las magistraturas de circuito, la sesión extraordinaria también contempla la revisión final de los 368 ganadores de las elecciones de jueces de distrito, quienes también deberán cumplir con criterios similares en cuanto a formación académica y promedio.
El INE reiteró su compromiso de garantizar un proceso transparente y apegado a la ley, especialmente en una etapa clave para la integración del nuevo sistema de justicia federal, establecido como resultado de la reforma judicial vigente.
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