La Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo aprobó el dictamen de la iniciativa impulsada por la diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI), que propone reformar la fracción I del artículo 4 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, con el objetivo de reconocer a las comunidades agrarias como parte del sector social de la economía.
Durante la reunión ordinaria de trabajo, la legisladora agradeció el respaldo de sus compañeras y compañeros diputados, y subrayó que esta modificación legal visibiliza la labor histórica de las comunidades agrarias. “Han sido el sustento de nuestro país de forma silenciosa y hoy las visibilizamos en esta ley”, expresó.
Reconocimiento constitucional y social
La propuesta fue respaldada por legisladores de Morena, quienes destacaron que la iniciativa distingue a las comunidades agrarias por su relevancia histórica, social y ambiental, y por su alineación con los principios constitucionales de la economía social y solidaria. Asimismo, reconocieron su contribución al desarrollo sostenible de las regiones rurales.
En su exposición de motivos, Barrera Maldonado argumentó que el marco legal vigente reconoce únicamente a los ejidos como forma de organización social, por lo que es necesario incluir expresamente a las comunidades agrarias por su carácter distintivo como núcleos de propiedad comunal y participación colectiva.
La diputada explicó que las comunidades agrarias —también denominadas núcleos agrarios— tienen origen en estructuras coloniales y administran de manera colectiva tierras, bosques y recursos hídricos. Además, señaló que sus tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual las convierte en actores clave para la conservación ambiental y la identidad rural.
Barrera advirtió que estos núcleos enfrentan retos estructurales como el acceso limitado a mercados, tecnologías y capital, además de la presión sobre los recursos naturales. No obstante, sostuvo que también representan una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico sostenible, con base en el aprovechamiento responsable del patrimonio natural y cultural.
Con esta aprobación en comisión, el dictamen podrá ser turnado al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación definitiva.
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