Una jueza de control determinó no vincular a proceso penal a Judith Aracely Gómez Molano, exfuncionaria de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de permitir la adquisición del software de espionaje Pegasus en 2014.
La FGR informó que la jueza Alejandra Domínguez Santos resolvió que las pruebas presentadas no eran suficientes para iniciar el proceso penal. La Fiscalía también señaló que la audiencia contra Gómez Molano fue retrasada por más de dos años y medio, y anunció que apelará la decisión.
Además, la FGR indicó que abrirá una investigación penal en contra de la jueza Domínguez Santos por presuntos delitos contra la administración de justicia federal. La dependencia considera que hubo irregularidades en el manejo del caso, que involucra el uso de recursos públicos para la compra del sistema de espionaje.
Judith Aracely Gómez Molano fue acusada de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa. Según la FGR, la exfuncionaria autorizó el pago de 460 millones 196 mil 383.64 pesos para la compra del software, sin justificar su necesidad, lo que provocó un daño al patrimonio público.
La adquisición de Pegasus por parte del gobierno mexicano inició en 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón. Entre 2011 y 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la propia PGR destinaron más de 60 millones de dólares a la compra del software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
En su momento, la justificación oficial para adquirir Pegasus fue la lucha contra el crimen organizado. El sistema fue utilizado para obtener información sobre objetivos de alto perfil, y se le atribuye un papel en operativos como la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La resolución judicial ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de tecnología de espionaje en México, luego de múltiples denuncias por el presunto uso del software contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
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