La Fiscalía General de la República (FGR) retomó las investigaciones sobre la supuesta participación del Cártel de Sinaloa en la elección estatal de 2021, proceso en el cual resultó electo el morenista Rubén Rocha Moya. La reactivación de las pesquisas ministeriales ocurre a raíz de las acusaciones formales emitidas por el Gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia.
Fuentes internas de la corporación judicial informaron que el Ministerio Público de la Federación unificó los expedientes en una sola carpeta de investigación. Este compendio técnico incluye la reactivación de la indagatoria penal abierta inicialmente por el exfiscal Alejandro Gertz Manero en torno al homicidio de Héctor Melesio Cuén, cometido en la finca Huertos del Pedregal; sitio donde en julio de 2024 también se registró el presunto secuestro del líder delictivo Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.
Acusaciones internacionales y solicitudes de información
Hasta el momento, Rocha Moya no ha sido citado a declarar ante la autoridad ministerial, a pesar de los señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lo vinculan como presunto colaborador de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. El político sinaloense se separó de su cargo público y no ha comparecido en actos públicos recientes.
Ante este panorama, la Fiscalía de Asuntos Internacionales de la FGR formalizó una solicitud de información al gobierno de los Estados Unidos por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El objetivo del requerimiento consiste en obtener las evidencias integradas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para incorporarlas al expediente federal mexicano.
Antecedentes de la denuncia por comicios de 2021
El expediente integrado por la fiscalía federal contempla como antecedente las denuncias presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) respecto al proceso electoral de 2021.
Las dirigencias de dichas organizaciones políticas denunciaron en su momento la existencia de una «narcoelección» en Sinaloa, bajo el argumento de que sus operadores políticos y electorales sufrieron secuestros y amenazas directas por parte de células criminales con la finalidad de interferir en los resultados en favor de Morena.
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