Al cierre de 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) registró un total de 123.2 millones de personas desplazadas por conflictos, persecución y violencia en todo el mundo, de acuerdo con su último informe. Este número marca un nuevo récord en desplazamientos forzados a nivel global.
En el contexto de crisis humanitarias en curso, Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), denunció las condiciones actuales en la distribución de ayuda en Gaza. “Ponen en peligro las vidas”, afirmó en un mensaje en X, refiriéndose a los nuevos mecanismos de reparto de ayuda implementados en el territorio.
Lazzarini calificó el sistema de entrega humanitaria en Gaza como “degradante” y “humillante”, señalando que está agravando la inseguridad alimentaria. Comparó la situación con la distopía retratada en la saga Los juegos del hambre y llamó a garantizar acceso irrestricto y seguro para los trabajadores humanitarios.
Las declaraciones del funcionario ocurren tras varios incidentes en puntos de distribución operados por la Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), respaldada por Israel. Según autoridades sanitarias locales, al menos 21 personas fallecieron y más de 290 resultaron heridas mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria.
Por su parte, el ejército israelí no ha emitido comentarios sobre estos fallecimientos, pero indicó que su fuerza aérea atacó decenas de objetivos en Gaza durante las últimas 24 horas. Entre los blancos señalados se encuentran posiciones de militantes, almacenes de armas y puestos de observación.
La FHG, organización independiente de la ONU y otras agencias humanitarias internacionales, ha sido objeto de críticas por parte de residentes y autoridades en Gaza, quienes acusan a la fundación de socavar la dignidad de la población palestina y desplazar a actores humanitarios con larga presencia en la región.
La situación en Gaza continúa deteriorándose, mientras organizaciones internacionales insisten en la necesidad de garantizar el acceso seguro y digno a la ayuda humanitaria en zonas de conflicto, especialmente en contextos donde la vida de los civiles se ve directamente amenazada.
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