La administración de Donald Trump, a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha intensificado la presión sobre el gobierno mexicano para que investigue, procese y extradite a funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado. Según un reporte de la agencia Reuters, estas solicitudes fueron planteadas durante al menos tres reuniones bilaterales recientes con autoridades mexicanas.
Una de las reuniones clave tuvo lugar el pasado 27 de febrero en Washington, con la participación de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a la fiscal general Pam Bondi y representantes de los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Tesoro. Por parte de México asistieron el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el entonces secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
De acuerdo con la agencia informativa, durante los encuentros se discutió la posible extradición de funcionarios en activo, incluidos cinco integrantes de Morena y un exsenador, señalándose específicamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien habría sufrido la revocación de su visado junto con su esposo, como parte de las medidas diplomáticas adoptadas por Washington.
En el marco de la cooperación en seguridad, México ya había extraditado en febrero a 29 presuntos integrantes de cárteles hacia Estados Unidos. Además, se discutieron medidas para acelerar la detención o deportación de objetivos prioritarios identificados por agencias como la DEA y el FBI. Entre las propuestas estadounidenses figura la creación de un “zar del fentanilo”, con comunicación directa con la Presidencia mexicana para reportar avances contra el tráfico de opioides sintéticos.
La solicitud de investigar a funcionarios en funciones rompe con una práctica común en México, donde históricamente sólo se ha procesado a exfuncionarios una vez concluido su mandato. La Constitución mexicana establece que legisladores y gobernadores tienen fuero constitucional, por lo que sólo pueden ser juzgados por delitos federales graves y con la aprobación del Congreso.
Ante el reporte de Reuters, la Cancillería mexicana, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, desmintió en un comunicado que se hayan recibido solicitudes formales de extradición o investigaciones contra funcionarios. “Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o su equipo se hayan transmitido solicitudes en ese sentido”, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El artículo generó tensiones en el marco de la primera reunión bilateral encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum con la comitiva estadounidense liderada por Christopher Landau. A ello se suma la reciente acusación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien señaló a Sheinbaum por supuestamente promover protestas en California contra las deportaciones, acusación que la mandataria calificó como un “malentendido” entre gobiernos.
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