El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra James Lael Jensen, de 68 años, y su hijo Maxwell Sterling Jensen, de 25, ambos residentes de Utah, por presuntamente lavar dinero y facilitar operaciones financieras ilícitas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través del contrabando de petróleo crudo.
La acusación formal, emitida el pasado 22 de mayo por una corte del Distrito Sur de Texas, señala que los Jensen operaban la empresa Arroyo Terminals, ubicada en Río Hondo, Texas, desde donde habrían ingresado fraudulentamente aproximadamente 2 mil 881 cargamentos de petróleo. Estas acciones violan la Ley Arancelaria de Estados Unidos, según el expediente judicial.
“Este caso subraya el enfoque más agresivo e innovador que está adoptando el Distrito Sur de Texas para combatir el flagelo de los cárteles de la droga”, declaró el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. Añadió que la estrategia del gobierno estadounidense busca sancionar tanto a los operadores directos del crimen organizado como a sus colaboradores logísticos y financieros.
Los Jensen también enfrentan cargos por conspiración para realizar transacciones financieras destinadas a ocultar el origen de ingresos derivados del contrabando, en beneficio del CJNG, una organización designada como grupo terrorista por el gobierno de Donald Trump.
Craig Larrabee, agente especial a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) en San Antonio, indicó que la investigación expuso una operación a gran escala para transportar petróleo crudo ilícito y blanquear las ganancias. “Casos como este ponen de relieve las relaciones, a menudo peligrosas, entre presuntas empresas estadounidenses sin escrúpulos y organizaciones terroristas”, señaló.
Por su parte, William Kimbell, agente interino de la DEA en Houston, explicó que el caso se originó como una investigación por narcotráfico, pero derivó en la detección de una compleja red criminal con ingresos millonarios. Subrayó que continuarán las indagatorias para identificar a otros posibles implicados.
El agente especial del FBI en San Antonio, Aaron Tapp, declaró que una de las prioridades del organismo es privar de financiamiento a organizaciones designadas como terroristas. “Utilizaremos todos los recursos disponibles para garantizar que los cárteles violentos y quienes faciliten sus operaciones sean llevados ante la justicia”, dijo.
Los acusados enfrentarán juicio en Estados Unidos y podrían recibir penas significativas si son declarados culpables. El Departamento de Justicia continúa colaborando con agencias federales y mexicanas en la investigación del caso.
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