El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentará este miércoles una serie de mociones ante la corte federal de Manhattan para solicitar la desestimación del proceso penal por narcotráfico en su contra.
A sus 63 años, Maduro se declaró inocente de las imputaciones formuladas en su contra. Su abogado defensor, Barry Pollack, argumentó que el exmandatario goza de inmunidad judicial por su condición de jefe de Estado soberano y cuestionó la legalidad de la operación militar ejecutada por el ejército estadounidense el pasado 3 de enero en suelo venezolano para concretar su captura.
La resolución del recurso legal estará a cargo del juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein, con sede en Nueva York.
Precedentes y postura del Poder Ejecutivo
De acuerdo con especialistas en derecho internacional y defensa penal, la solicitud de la defensa enfrenta precedentes judiciales poco favorables. Históricamente, los tribunales estadounidenses han respetado la postura del Poder Ejecutivo para determinar qué autoridades son reconocidas formalmente como líderes de naciones extranjeras. En el caso de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos desconoció el mandato de Maduro desde 2019, tras calificar como fraudulentos los procesos electorales de 2018 y 2024.
Los juristas señalan como antecedente directo el caso del exdictador panameño Manuel Noriega, a quien un tribunal federal le denegó la inmunidad de jefe de Estado en 1990 tras ser capturado y trasladado a Miami por delitos de narcotráfico.
Jurisprudencia sobre la captura en el extranjero
Respecto a los cuestionamientos sobre la incursión militar que derivó en la detención de Maduro, la doctrina legal estadounidense mantiene firme la norma «male captus, bene detentus» —capturado injustamente, detenido debidamente—. Esta pauta establece que las presuntas irregularidades en el procedimiento de captura de un imputado o las violaciones a tratados de extradición bilaterales no impiden su procesamiento penal en tribunales del país.
Dicho criterio jurídico fue reconfirmado por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1992 y respaldado por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia mediante un memorando emitido el 23 de diciembre de 2025.
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