La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) inició este lunes el despliegue ministerial en las 32 entidades del país, como parte del operativo de vigilancia y atención para la jornada electoral del próximo 1 de junio, en la que se renovarán 881 cargos del Poder Judicial y se celebrarán elecciones locales en Durango y Veracruz.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que agentes del Ministerio Público Federal (MPF) estarán activos hasta el 2 de junio para prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos electorales durante este proceso, que por primera vez incluye la elección de ministros, magistrados y jueces.
La FGR detalló que la presencia territorial del personal de FISEL permitirá investigar conductas tipificadas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, tales como la compra o coacción del voto, el uso indebido de recursos públicos o programas sociales, así como la retención de credenciales de elector.
Para fortalecer esta labor, FISEL ha capacitado previamente a 6 mil 500 servidores públicos de la FGR, incluyendo ministerios públicos, policías ministeriales, peritos, oficiales ministeriales y personal administrativo, quienes operarán en coordinación con las 32 fiscalías federales regionales bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
El despliegue se organiza según el modelo por zonas implementado por la FECOR, que agrupa a las entidades por criterios de cercanía geográfica y características sociopolíticas. Las zonas incluyen: Noroeste (Baja California, Chihuahua, Sonora, entre otros), Noreste (Coahuila, Nuevo León), Occidente (Jalisco, Guanajuato), Centro-Valle (Ciudad de México, Estado de México) y Sureste (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, entre otros).
Durante su operación en campo, el personal de FISEL colaborará de manera activa con el Instituto Nacional Electoral (INE), organismos públicos locales electorales, fiscalías electorales estatales, la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, y la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de garantizar la legalidad del proceso.
La jornada del 1 de junio será inédita en el país, al incorporar por primera vez elecciones para cargos del Poder Judicial, además de coincidir con procesos locales en diversas entidades, lo que ha requerido una coordinación interinstitucional reforzada para prevenir actos ilícitos relacionados con el proceso electoral.
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