El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron condenados en Estados Unidos a pagar más de 2,400 millones de dólares tras ser hallados responsables en un caso de corrupción relacionado con contratos irregulares en el Gobierno mexicano. La jueza Lisa Walsh emitió la sentencia en una corte civil del condado de Miami-Dade, Florida.
De acuerdo con la periodista Peniley Ramírez, quien dio detalles del fallo en entrevista con la conductora Azucena Uresti, García Luna fue condenado a pagar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra deberá cubrir una multa de 1,740 millones. El fallo señala que ambos participaron en un esquema para desviar recursos del erario mexicano mediante contratos fraudulentos.
La demanda civil fue presentada por el Gobierno de México el 21 de septiembre de 2021. Según la resolución, los fondos desviados fueron utilizados para adquirir propiedades y otros bienes en Estados Unidos, principalmente en el estado de Florida. Parte del dinero también fue lavado a través de paraísos fiscales con el objetivo de ocultar su origen ilícito.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que, durante el periodo en el que García Luna se desempeñó como titular de Seguridad Pública, un grupo empresarial vinculado a su entorno familiar recibió al menos 30 contratos gubernamentales. El desvío estimado asciende a 745.9 millones de dólares.
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó que logró identificar el esquema de corrupción, así como las rutas utilizadas para transferir los recursos a Estados Unidos. Por esta razón, en diciembre de 2019, incluyó a García Luna y a otros implicados en la Lista de Personas Bloqueadas.
La sentencia también establece que los más de 2,400 millones de dólares deberán ser restituidos al Estado mexicano, en un intento por recuperar el dinero público desviado. La resolución representa un paso importante en los esfuerzos del Gobierno de México por recuperar activos obtenidos mediante prácticas ilícitas en el extranjero.
Este proceso civil en Miami es independiente del juicio penal que García Luna enfrenta en Nueva York, donde fue declarado culpable en febrero de 2023 por vínculos con el narcotráfico. La presente resolución únicamente aborda las responsabilidades patrimoniales derivadas de actos de corrupción administrativa.
El Gobierno mexicano no ha informado aún sobre el mecanismo específico para hacer efectiva la restitución, pero autoridades financieras han señalado que continuarán con los procedimientos legales para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
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