La audiencia del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, programada para el próximo 30 de junio, fue aplazada para el 22 de julio. El cambio de fecha fue aprobado por el juez federal Alvin K. Hellerstein, tras una solicitud formal realizada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.
Razones logísticas y de seguridad
La fiscalía estadounidense, con la aprobación de los abogados defensores, envió una carta este lunes para solicitar formalmente la modificación del calendario judicial. En la misiva se argumentó que el cambio es necesario «para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el 30 de junio».
A raíz de este ajuste, las autoridades judiciales informaron que el gobierno federal excluirá los días comprendidos entre el 30 de junio y la nueva fecha del cómputo total establecido por la Ley de Juicio Rápido para ambos procesados.
Revisión de pruebas y restricciones judiciales
El aplazamiento otorgará un periodo adicional para el desarrollo de las etapas previas al litigio. La fiscalía señaló que el tiempo extra servirá para presentar los elementos probatorios que sustentan la acusación, mientras que la defensa de la pareja podrá revisar dicha documentación y determinar qué mociones previas al juicio prevé interponer ante la corte.
Tanto Maduro como Flores se encuentran recluidos en una prisión federal de Nueva York desde su detención en Venezuela el pasado 3 de enero, ejecutada mediante un operativo militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los imputados enfrentan cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para exportar droga a territorio estadounidense y uso de armas de fuego, delitos de los cuales ambos se declararon no culpables.
En resoluciones previas, la defensa obtuvo la autorización judicial para que los honorarios del proceso sean sufragados por el gobierno venezolano, una medida a la cual la administración de Estados Unidos se había opuesto originalmente. No obstante, el juez Hellerstein impuso una restricción que prohíbe a la defensa compartir las pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido capturados por las autoridades, entre los que se incluye al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
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