La diputada federal por Zacatecas, Noemí Luna Ayala, expresó su solidaridad con la comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y exigió la aplicación de la Ley 3 de 3 contra la violencia en el caso del exrector Rubén Ibarra Reyes, sentenciado por el delito de abuso sexual contra una menor de cuatro años.
Desde el Congreso de la Unión, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) reiteró su convicción de que ninguna persona sentenciada por delitos sexuales debe ocupar cargos públicos. “Ningún violentador debe estar en posiciones de poder”, afirmó al recordar que la Ley 3 de 3 fue aprobada por unanimidad en la Legislatura pasada, con el propósito de impedir que agresores accedan a espacios de representación o función pública.
El pasado fin de semana, Rubén Ibarra fue vinculado a proceso y sentenciado mediante un juicio abreviado por abuso sexual, tras la reclasificación de una acusación inicial por violación equiparada agravada. El exrector recibió una condena de cuatro años de prisión, que podrá cumplir en libertad condicional, lo que generó críticas y reacciones sociales por el trato judicial otorgado al caso.
Noemí Luna consideró que la resolución judicial “confirma la existencia del pacto patriarcal” y ejemplifica la impunidad que prevalece en casos de violencia contra mujeres y menores. Enfatizó que su voto a favor de la Ley 3 de 3 buscó precisamente evitar situaciones como esta y respaldar el reclamo social de que “las niñas no se tocan”.
La legisladora señaló que este caso se suma a otros que no prosperaron en el ámbito judicial, como las denuncias contra el diputado federal Cuauhtémoc Blanco y el entonces candidato a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, ambos pertenecientes a Morena. Luna sostuvo que estas situaciones debilitan la credibilidad de las instituciones ante la ciudadanía.
La diputada panista se unió a colectivos feministas que han rechazado públicamente la sentencia otorgada al exrector y criticó el mensaje que el Estado mexicano envía al permitir que una persona sentenciada por abuso sexual continúe libre. “El Estado manda el claro mensaje de que protege a los violadores sexuales”, expresó.
El caso generó indignación luego de que, tras la sentencia, Rubén Ibarra fue visto en un centro comercial de Aguascalientes, pese a la gravedad de los hechos por los que fue juzgado. Luna subrayó que este tipo de acciones afectan el prestigio de la UAZ y demandó congruencia institucional para sancionar efectivamente a quienes incurran en delitos sexuales.
Finalmente, la diputada federal insistió en que continuará su labor legislativa para garantizar los derechos de las mujeres y niñas, y que impulsará la aplicación plena de las leyes vigentes para cerrar el paso a agresores sexuales en el servicio público.
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