Repartidores Unidos de México exhortaron a la ministra Lenia Batres Guadarrama, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a anular el impuesto del 2% que la Ciudad de México cobra a plataformas digitales de reparto por el uso de la infraestructura capitalina. El llamado se da en el marco de la elaboración de un nuevo proyecto sobre el amparo promovido por Uber contra dicho gravamen.
El impuesto fue establecido durante la administración de Claudia Sheinbaum y aplica exclusivamente a empresas de entrega que operan mediante aplicaciones digitales, como Uber Eats. Según las autoridades locales, el objetivo del cargo es compensar el uso del espacio público e infraestructura urbana por parte de estas plataformas tecnológicas.
El proyecto original, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, proponía conceder el amparo a Uber y establecer un precedente favorable para otras compañías similares. Sin embargo, fue desechado por mayoría en la SCJN. El asunto fue returnado a la ministra Lenia Batres, quien ahora tiene la responsabilidad de presentar un nuevo proyecto de resolución.
A través de un comunicado, Repartidores Unidos de México expresó su reconocimiento a los ministros Pérez Dayán, Javier Laynez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes votaron a favor de replantear el proyecto con base en criterios constitucionales. La organización señaló que, a pesar de la negativa inicial, se sienten conformes de que el tema continúe en discusión.
En el mismo documento, los repartidores lamentaron que la ministra Batres no haya mostrado disposición para dialogar con ellos. “No ha tenido intenciones de escucharnos en ningún momento”, afirmaron. En consecuencia, pidieron que su nueva propuesta se base en el interés de la ciudadanía y no en posiciones ideológicas.
El amparo fue promovido por Uber Porter México con el argumento de que el impuesto es discriminatorio y viola los principios de equidad tributaria. Las empresas tecnológicas han insistido en que sus operaciones no implican un uso adicional de infraestructura física y que, por tanto, no debe aplicarse un cobro especial.
Hasta el momento, la Suprema Corte no ha fijado una fecha para la presentación del nuevo proyecto ni para una eventual votación. El fallo final podría tener implicaciones relevantes para la operación de plataformas digitales en la capital del país y el diseño de políticas fiscales locales.
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