El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas contra tres ciudadanos mexicanos, entre ellos César Morfín Morfín, alias “El Primito”, por su presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a dos entidades mexicanas asociadas al grupo delictivo.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las medidas apuntan a una red de robo de combustible operada por el CJNG, la cual ha causado pérdidas millonarias al erario mexicano y contribuye al financiamiento del tráfico ilícito de fentanilo hacia Estados Unidos. Las sanciones incluyen la congelación de activos en territorio estadounidense y la prohibición de que ciudadanos de ese país mantengan vínculos comerciales con los sancionados.
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estima que el CJNG cuenta con unos 19 mil integrantes. Este grupo se escindió del Cártel de Sinaloa tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel en 2010, y desde entonces ha ganado notoriedad por su nivel de violencia.
Además de César Morfín Morfín, las sanciones incluyen a sus hermanos Álvaro Noé y Remigio Morfín Morfín. Las empresas vinculadas a ellos no fueron identificadas públicamente por el Tesoro, pero se indicó que operan en el sector energético y logístico en México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la institución “usará todas las herramientas disponibles para atacar implacablemente a los cárteles de drogas y organizaciones terroristas extranjeras para hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo”.
En tanto, el presidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza, Paul Anthony Pérez, indicó que estas acciones buscan limitar el flujo de recursos de los cárteles. “Las sanciones garantizarán que los cárteles ya no tengan la capacidad de proporcionar fondos ilimitados para avanzar en sus empresas criminales”, dijo.
El CJNG fue designado como Organización Terrorista Extranjera en febrero de este año. Su líder, Nemesio Rubén “el Mencho” Oseguera Cervantes, permanece prófugo, y el gobierno estadounidense mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló esta semana que su gobierno busca fortalecer la trazabilidad del combustible en el país. “Si una pipa tiene combustible robado y es detenida, tiene que entregar de dónde vino ese combustible; si no lo tiene, hay algo ilegal”, puntualizó.
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