El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que anulará el triunfo de cualquier candidato a un cargo del Poder Judicial que tenga una sentencia firme por delitos relacionados con violencia contra las mujeres, sea deudor alimentario o se encuentre prófugo de la justicia. Esta medida se aplicará como parte del mecanismo aprobado por el Consejo General para garantizar el cumplimiento de la iniciativa conocida como “8 de 8 contra la violencia”.
A partir del 25 de abril, el INE habilitará un espacio en el micrositio de la elección judicial para que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil presenten denuncias en contra de aspirantes que incumplan con alguno de los requisitos establecidos por la medida. También podrán acudir a los Consejos Locales y Distritales para presentar las denuncias.
Las personas candidatas deberán enviar a través del sistema “Conóceles” una declaración bajo protesta de decir verdad en la que aseguren no estar incursas en los supuestos de inhabilitación, así como presentar un certificado que acredite que no son deudores alimentarios. Esta documentación deberá entregarse ante los órganos distritales, locales o la Oficialía de Partes del INE.
Una vez recibidas las denuncias, la Secretaría Ejecutiva del INE requerirá la información necesaria para elaborar un anteproyecto de resolución, el cual deberá ser votado por el Consejo General a más tardar el 15 de mayo. De confirmarse alguna irregularidad, la candidatura podrá ser anulada incluso después de haber obtenido el triunfo en la elección.
La consejera Dania Ravel defendió la implementación del mecanismo, argumentando que “permitir que personas con antecedentes de violencia tomen decisiones judiciales erosionaría la legitimidad de estos órganos”. Añadió que la medida representa una exigencia mínima de integridad para quienes ocupen cargos públicos.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, manifestó su desacuerdo con el proyecto, señalando que podría representar una extralimitación de las facultades constitucionales del instituto y una carga adicional para las candidaturas durante el proceso electoral. Indicó que algunos comités ya realizaron evaluaciones previas.
La consejera Claudia Zavala respondió que el Comité del Poder Judicial no hizo dicha evaluación, por lo que los candidatos no han entregado las declaraciones exigidas. Afirmó que el cumplimiento de esta disposición constitucional no representa una carga excesiva, sino una obligación legal aplicable a todos los aspirantes.
Esta disposición del INE se enmarca en un contexto más amplio de exigencia social para erradicar la violencia de género y fortalecer la integridad de quienes aspiran a cargos públicos, especialmente dentro del ámbito judicial.
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