La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió que el Estado de derecho en México se encuentra en riesgo ante la elección judicial programada para el próximo mes de junio. En un comunicado, expresó que esta elección no representa una modernización de la justicia, sino su posible entrega a intereses ajenos a los principios constitucionales.
La organización manifestó su preocupación por las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció públicamente que entre los candidatos propuestos para ocupar cargos judiciales mediante elección popular hay personas vinculadas con el crimen organizado. “Estas declaraciones no solo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que Jufed ha advertido desde el inicio”, señaló el comunicado.
Jufed calificó la reforma judicial impulsada por el gobierno federal como “inconvencional e ilegal”, y advirtió que representa una amenaza directa contra la independencia judicial en el país y los derechos humanos. Subrayó que el proceso de elección popular de jueces y magistrados, tal como ha sido planteado, constituye un mecanismo de cooptación institucional.
La asociación reiteró que permitir la participación de personas con presuntos vínculos criminales en la elección judicial compromete la integridad del sistema de justicia. Según Jufed, esta iniciativa abre la puerta a intereses políticos, económicos y delictivos que podrían utilizar el poder judicial para fines distintos a la impartición de justicia.
En el comunicado, Jufed llamó a la comunidad internacional, a organismos multilaterales y a defensores de derechos humanos a observar con atención la evolución de este proceso y sus posibles consecuencias para el Estado de derecho en México. “Esta iniciativa entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor”, advirtió.
El comunicado se difunde a pocas semanas de que se lleve a cabo la elección judicial promovida por el gobierno federal, en la que se pretende elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. El proceso ha sido objeto de debate por su posible impacto en la autonomía del sistema judicial.
Hasta el momento, el gobierno no ha emitido una respuesta directa al posicionamiento de Jufed. La organización reiteró que continuará expresando su postura en defensa de la independencia judicial y de los principios constitucionales del sistema de justicia mexicano.
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