El diputado Arturo Yáñez se pronunció en contra del dictamen que propone una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas. Durante su intervención, se refirió a la iniciativa como la «Ley de Cochupos de Morena» y acusó que lejos de fomentar la transparencia, centraliza el poder y facilita la discrecionalidad en la contratación gubernamental.
Según el legislador, el dictamen otorga a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno el control absoluto sobre las adquisiciones públicas, permitiéndole determinar proveedores y condiciones sin mecanismos de contrapeso. Cuestionó la falta de equilibrio de poderes y advirtió que esta medida podría derivar en favoritismo y opacidad en la gestión de los recursos públicos.
Otro punto crítico que señaló fue la exclusión de PEMEX y la CFE de la nueva regulación, lo que, según Yáñez, permitirá a estas empresas operar sin transparencia. Argumentó que, con los cambios en su naturaleza jurídica, ya no hay justificación para excluirlas de los principios de rendición de cuentas que deben regir todas las adquisiciones públicas.
El diputado también alertó sobre la eliminación del sistema COMPRAnet, una plataforma utilizada para fiscalizar compras gubernamentales, y su reemplazo por una «Tienda Digital» controlada por el gobierno. En su opinión, esto generaría un mercado cautivo, restringiendo la competencia y favoreciendo a proveedores seleccionados.
Además, denunció que el dictamen impone un modelo de contrataciones consolidadas que limita la participación de pequeñas y medianas empresas, ya que solo podrán obtener certificaciones expedidas por el gobierno. Esto, según Yáñez, reducirá la libre competencia y fortalecerá el control estatal sobre el sector económico.
Otro aspecto que criticó fue la modificación en la figura de los testigos sociales, cuya participación solo será obligatoria en contratos superiores a 565 millones de pesos. Esto, afirmó, dejará sin vigilancia la mayoría de las contrataciones y pondrá en riesgo la fiscalización de los procesos.
Finalmente, hizo un llamado a la oposición a rechazar la iniciativa y calificó su aprobación como un «atropello a la transparencia, la competitividad y la economía nacional». Aseguró que el PRI votará en contra y exhortó a otras bancadas, en especial a Movimiento Ciudadano, a sumarse a esta postura para frenar lo que considera un retroceso en la gestión de recursos públicos.
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