La Cámara de Diputados aprobó el miércoles una serie de reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de Economía Social y Solidaria, y la Ley General de Sociedades Cooperativas. La iniciativa fue respaldada por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano (MC) con 350 votos a favor, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitieron 100 votos en contra.
Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, afirmó que estas reformas buscan una profunda actualización y modernización del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, alineándolo con estándares internacionales y recomendaciones de organismos públicos. Mejía destacó la adopción de metodologías avanzadas y mecanismos claros para la selección de proveedores y la gestión de contratos.
Entre las medidas más relevantes se incluye la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, la cual permitirá la interoperabilidad entre distintos sistemas electrónicos, generando mayor certeza jurídica y una reducción en tiempos administrativos. También se contempla la Tienda Digital del Gobierno Federal, que facilitará procesos expeditos para la adquisición de bienes y servicios menores.
Sin embargo, la aprobación generó críticas de la oposición. Carmen Rocío González Alonso, diputada del PAN, calificó el proceso de aprobación como apresurado y desaseado, argumentando que las iniciativas fueron turnadas a la comisión el 19 de marzo y que el dictamen fue votado apenas seis días después, en una reunión extraordinaria el 27 de marzo.
Arturo Yáñez Cuéllar, del PRI, advirtió que la reforma representa un retroceso en materia de transparencia y combate a la corrupción. Señaló que el dictamen permite una centralización desmedida del poder y fomenta la discrecionalidad en las adjudicaciones, describiéndolo como «una carta abierta a la secrecía en adjudicaciones».
En contraste, Gildardo Pérez Gabino, de MC, respaldó las reformas al considerar que fortalecerán la transparencia en adquisiciones y arrendamientos siempre y cuando los entes de fiscalización cumplan su función.
Las reformas han generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la transparencia y la competencia económica en México. El impacto de estas medidas será evaluado conforme entren en vigor y se implementen las nuevas herramientas tecnológicas previstas en el dictamen.
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