La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado mexicano a intensificar las investigaciones sobre el hallazgo de restos humanos en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de entrenamiento. El organismo instó a las autoridades a sancionar a los responsables y garantizar la reparación a las víctimas y sus familiares.
A través de un comunicado, la CIDH afirmó que “si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos”. En este sentido, llamó al gobierno a redoblar esfuerzos en el esclarecimiento de los hechos.
El rancho Izaguirre está bajo resguardo de las autoridades desde septiembre pasado, cuando fueron detenidas 10 personas en el lugar. Sin embargo, seis meses después, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de fosas clandestinas con restos óseos calcinados, lo que reavivó la preocupación de organizaciones de derechos humanos.
Ante esta situación, la CIDH subrayó la importancia de llevar a cabo un proceso de identificación de los restos hallados basado en ciencia y evidencia, con el objetivo de brindar certeza a los familiares de las víctimas. Además, enfatizó que el Estado debe garantizar que los responsables sean debidamente procesados y sancionados.
El organismo también reconoció las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, una institución clave en la atención de la crisis de desapariciones en el país. Asimismo, reiteró su solidaridad con los colectivos de búsqueda y destacó la importancia de que su labor se realice en condiciones de seguridad y libertad.
Por su parte, Sheinbaum rechazó las denuncias de los colectivos que califican el rancho Izaguirre como un «campo de exterminio» del narcotráfico y negó que se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad en el lugar. Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseguró que las investigaciones continuarán bajo los procedimientos establecidos por la ley.
El caso del rancho Izaguirre ha puesto de nuevo en el centro del debate la crisis de desapariciones en México, donde más de 120 mil personas siguen sin ser localizadas desde que se iniciaron los registros oficiales. La presión sobre el gobierno federal sigue en aumento ante las exigencias de justicia y mayor acción por parte de organizaciones y familiares de víctimas.
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