El Grupo Parlamentario del PRI, a través de su coordinador Rubén Moreira Valdez, presentó dos iniciativas para abordar la crisis de personas desaparecidas en el país. La primera busca reconocer en la Constitución el derecho humano a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. La segunda plantea tipificar el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal Federal.
Estas propuestas surgen en el contexto de los recientes hechos en Teuchitlán, Jalisco, y reportes sobre desapariciones tanto de ciudadanos mexicanos como de migrantes, además del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.
Moreira Valdez explicó que la primera reforma pretende fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), transformándola en un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo. Con ello, su operatividad no dependería de acciones políticas, sino de la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Asimismo, la propuesta contempla la creación de un Centro de Identificación Humana y un Banco Nacional de Datos Forenses, con el objetivo de mejorar los procesos de búsqueda, identificación y esclarecimiento de hechos. Según el legislador, estas acciones deben cumplir principios de efectividad, exhaustividad y enfoque humanitario, en apego a los tratados internacionales suscritos por México.
El coordinador del PRI recordó que hasta junio de 2023 se tenía un registro histórico de 111 mil personas desaparecidas o no localizadas. No obstante, con un cambio en la metodología se eliminaron más de 20 mil registros. También destacó que durante la actual administración se han registrado 54 mil 348 desapariciones, un incremento del 65.81 % en comparación con el gobierno anterior.
En cuanto a la tipificación del delito de reclutamiento forzado, la iniciativa plantea penas de 15 a 30 años de prisión para quien, mediante engaño, extorsión, maltrato, chantaje, intimidación, violencia psicológica o física, obligue a una persona a colaborar con organizaciones delictivas. Cuando la víctima sea menor de 18 años, la pena se duplicaría.
Finalmente, la bancada priista propuso sanciones de entre 20 y 60 años de prisión para quienes participen en la administración, financiamiento, dirección o colaboración de sitios destinados al reclutamiento y entrenamiento de personas para actividades criminales. Moreira Valdez subrayó la importancia de estas medidas para enfrentar la crisis de desaparecidos y la violencia en el país.
Recibe esta y mucha más información a través de Whatsapp. Envía un ‘Hola’ aquí.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.