La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su rechazo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le prohíbe emitir pronunciamientos en materia electoral. La decisión del máximo tribunal deriva de una controversia constitucional promovida en 2022 por el Instituto Nacional Electoral (INE), que acusó al organismo de invadir sus competencias.
La controversia fue presentada por el INE luego de que, en octubre de 2022, la CNDH emitiera una recomendación en la que señalaba a los integrantes del instituto de actuar como un «instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo». En ese documento, el organismo también instó a los legisladores a considerar las luchas democráticas del país en la discusión de la reforma electoral.
En respuesta, el INE presentó la controversia constitucional 239/2022, argumentando que la CNDH estaba transgrediendo su autonomía y solicitando que se le prohibiera pronunciarse sobre temas electorales en el futuro. La SCJN resolvió a favor del INE, concediendo la restricción solicitada.
Tras el fallo, la CNDH aseguró que acatará la resolución, pero criticó el «razonamiento e interpretación regresiva y restrictiva» de la Suprema Corte, al considerar que los derechos político-electorales forman parte de los derechos humanos, cuya defensa, a su juicio, le compete.
El organismo calificó la decisión como una limitación sin precedentes a su función. «Esto es algo que, hay que decirlo claramente, no ha pasado en el caso de ninguna institución nacional de derechos humanos en ninguna parte del mundo», sostuvo en su pronunciamiento.
Asimismo, la CNDH advirtió que la restricción impuesta por la Corte contradice el principio de progresividad de los derechos humanos. «Deploramos el razonamiento que realizó la Corte en la resolución de esta controversia constitucional, pues los derechos político-electorales son parte de la esfera de los derechos humanos», afirmó.
Por su parte, el INE no ha emitido un posicionamiento tras la resolución del tribunal, mientras que expertos en derecho constitucional han señalado que el fallo reafirma la autonomía de las instituciones encargadas de los procesos electorales en el país.
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