La Cámara de Diputados discute una reforma que, de acuerdo con el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Durante su intervención en el pleno, el legislador advirtió que las modificaciones legales propuestas permitirían al Ejecutivo federal negar información bajo argumentos como “paz social” o “interés del Estado”.
El paquete legislativo incluye la expedición de tres nuevas leyes y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ramírez Barba aseguró que, lejos de fortalecer la transparencia, la reforma busca eliminar mecanismos de supervisión sobre el uso de recursos públicos. “Se coloca el último clavo en el ataúd del pilar para combatir la corrupción”, afirmó.
El legislador mencionó que sin estos controles no habrían salido a la luz casos como la adquisición de vacunas mediante el mecanismo COVAX o las compras de medicamentos gestionadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). También citó ejemplos en materia económica y laboral, como la compra de certificados bursátiles por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y el uso opaco de la aplicación Fan ID por la Federación Mexicana de Fútbol.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En su lugar, se propone la creación de un nuevo organismo denominado “Transparencia para el Pueblo”, bajo control del Ejecutivo. “¿Cómo puede ser garante de transparencia un órgano que responde al gobierno?”, cuestionó Ramírez Barba.
El dictamen también establece que, en vez de un solo instituto independiente, se crearán 275 instancias diferentes para tramitar solicitudes de información. El diputado del PAN calificó esta medida como un “laberinto burocrático” que dificultará el acceso ciudadano a datos gubernamentales.
Desde la tribuna, el legislador hizo un llamado a la ciudadanía a exigir a sus representantes que voten en contra de la reforma. Advirtió que su aprobación representaría un debilitamiento de la democracia y una mayor opacidad en la gestión pública. “La transparencia no es un privilegio, es un derecho”, concluyó.
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