El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, informó este jueves que se concedió una licencia indefinida al primer regidor Alejandro «N», luego de que fuera acusado de violencia de género contra su esposa. La medida busca permitir que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes sobre el caso.
La activista Yenny Charrez denunció el miércoles en redes sociales que su amiga, identificada como «Edith», había sido víctima de agresiones físicas y amenazas por parte del funcionario durante varios años. La activista compartió videos y testimonios que señalaban a Alejandro «N» como responsable de mantener incomunicada a su esposa tras golpearla la noche del 12 de marzo.
Charrez detalló que, poco antes de perder contacto con Edith, esta le envió una fotografía en la que se mostraban signos de violencia en su rostro. Según la activista, el funcionario amenazó a su esposa con utilizar su poder político y sus vínculos con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, para evitar cualquier denuncia en su contra.
“Ella fue amenazada, le dijo que iba a hablar con la gobernadora para decirle que no le creyeran, que ella era una mentirosa», aseguró Charrez.
De acuerdo con el testimonio de la activista, Edith fue trasladada por su esposo al municipio de Ixtulco, donde permaneció retenida hasta que elementos de la Policía de Género de Tlaxcala intervinieron y la resguardaron en un lugar seguro. Además, señaló que no era la primera vez que la víctima denunciaba los hechos sin recibir una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Ante la creciente presión social y la denuncia pública, el alcalde Alfonso Sánchez García anunció que Alejandro «N» solicitó licencia indefinida, la cual fue concedida. «Esto permitirá que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes», indicó el presidente municipal.
Previo al anuncio, Sánchez García reiteró que en el municipio de Tlaxcala existe una política de cero tolerancia hacia la violencia de género y aseguró que se dará seguimiento al caso conforme a derecho. Sin embargo, colectivos feministas y organizaciones civiles han exigido garantías de protección para la víctima y un proceso judicial transparente.
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