La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que enviará al Congreso una serie de reformas constitucionales para modificar los artículos 19, 39 y 40, con el objetivo de reforzar la soberanía nacional. Esto ocurre luego de que Estados Unidos designara como organizaciones terroristas a seis cárteles del narcotráfico que operan en territorio mexicano.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que las reformas buscan reafirmar la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, sin permitir injerencias en asuntos internos. “Trabajamos juntos, pero no hay injerencismo ni violación a la soberanía”, declaró.
Entre los cambios propuestos, la modificación al artículo 40 establecería que México no aceptará intervenciones extranjeras que afecten su integridad, incluyendo “golpes de Estado, injerencias en elecciones o violaciones al territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Además, el artículo 19 contemplará sanciones más severas para cualquier extranjero que participe en actividades ilegales relacionadas con la intervención en territorio mexicano. También se propone prisión preventiva oficiosa para quienes fabriquen, distribuyan o introduzcan armas de manera ilícita en el país.
Las reformas también responden al anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio, sobre la designación de cárteles como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas.
Sheinbaum reiteró que su gobierno ampliará la demanda presentada en Estados Unidos contra fabricantes y distribuidores de armas, acusándolos de facilitar el tráfico ilegal de estos productos hacia México. Un informe del Departamento de Justicia estadounidense señala que el 74% de las armas incautadas en México provienen de ese país.
“Dado este nombramiento, tiene que haber un vínculo entre quien le vende armas a estos grupos delictivos”, afirmó Sheinbaum, asegurando que la Cancillería impulsará nuevas acciones legales para responsabilizar a las empresas armamentistas.
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