La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 51 mil millones de pesos en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023, correspondientes al quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, informó ante diputados que solo en su último informe se identificó un monto sin aclarar de más de 48 mil millones de pesos. “La cifra es respecto al Sistema Subnacional de Gobierno y prácticamente el doble de la determinada en la Cuenta Pública pasada”, explicó. Agregó que este incremento se debe a la mejora en los procedimientos de auditoría y el uso de nuevas tecnologías de información e inteligencia artificial.
Según la matriz de datos básicos del informe consolidado, el monto por aclarar durante el proceso de seguimiento de las acciones asciende a 43 mil 206 millones de pesos. En contraste, el monto recuperado hasta el momento es de 930 millones de pesos.
En la fiscalización de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero se identificaron irregularidades por más de 8 mil 599 millones de pesos en el sector público federal. De este total, más del 80% está relacionado con entidades como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El auditor precisó que el 16% de las observaciones corresponde a empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, mientras que el 4% está vinculado a dependencias del gobierno federal.
Por primera vez, la ASF realizó auditorías forenses a entidades que no habían sido revisadas con este nivel de profundidad. En el ámbito federal, se incluyeron instituciones como Diconsa, el Instituto Nacional de Migración (INM), el IMSS y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En el nivel estatal, se auditaron poderes judiciales locales, dos universidades autónomas y los servicios de salud de dos entidades federativas.
Las 29 auditorías forenses realizadas determinaron un monto por aclarar de más de 6 mil 700 millones de pesos. Colmenares Páramo explicó que los resultados con posible daño patrimonial pasarán a una segunda etapa de fiscalización. En esta fase, las observaciones podrán ser aclaradas o, en caso contrario, se iniciarán investigaciones, denuncias penales y procedimientos resarcitorios contra los funcionarios responsables.
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