El equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el retorno del programa «Quédate en México» como parte de sus primeras órdenes ejecutivas. La medida, que fue aplicada inicialmente en 2019, exige que los solicitantes de asilo permanezcan en territorio mexicano mientras esperan sus audiencias migratorias en cortes estadounidenses. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que el protocolo pueda imponerse unilateralmente y señaló que no cuenta con el respaldo del gobierno mexicano.
En una llamada previa a la toma de posesión de Trump, su equipo confirmó que la migración será uno de los ejes principales de las primeras acciones ejecutivas, junto con temas de energía y política exterior. Entre estas medidas se encuentra el despliegue de militares para reforzar el cierre de la frontera con México.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum manifestó su confianza en que el programa “Quédate en México” no se reinstale y destacó la importancia de preservar mecanismos como el CBP One, que permite a los migrantes realizar trámites desde sus países de origen. «Nuestra posición es clara: México no está de acuerdo con decisiones unilaterales que afecten los derechos de los migrantes», señaló.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, recordó que el programa Protocolos de Protección Migratoria (MPP), aplicado por Trump en 2019, no fue considerado un acuerdo bilateral. «El MPP es una decisión unilateral. En su momento, el presidente López Obrador no estuvo de acuerdo, y ahora la presidenta Sheinbaum nos ha indicado enfatizar que no compartimos esta medida», afirmó De la Fuente.
El funcionario aclaró que el programa no implica obligaciones formales para México, aunque podría haber acuerdos específicos sobre cómo procesar a los migrantes que quedan varados en territorio nacional. «Estamos en disposición de dialogar, pero siempre con respeto a los derechos humanos y a nuestra soberanía», añadió.
El programa «Quédate en México», administrado originalmente por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta la fecha de su entrevista migratoria. Esta política generó críticas por las condiciones de inseguridad y precariedad en las que quedaban los migrantes mientras esperaban la resolución de sus casos.
Con el anuncio de Trump, el panorama migratorio en la frontera norte enfrenta un nuevo desafío, mientras el gobierno mexicano se prepara para responder a las implicaciones de esta decisión. La relación bilateral en materia migratoria queda marcada por la tensión entre la postura de ambos gobiernos.
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