Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos respaldó este jueves que la administración del presidente Donald Trump continúe aplicando el gravamen global del 10%, implementado en febrero tras la invalidación de su esquema arancelario previo por parte del Tribunal Supremo. Con esta resolución, el gobierno federal obtiene una victoria temporal que le permite mantener el cobro de las tasas impositivas mientras se desahoga el proceso legal correspondiente.
Marco legal y antecedentes judiciales
Los impuestos en funciones se ejecutan bajo el amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que faculta al Ejecutivo estadounidense a establecer aranceles globales de hasta el 15% por un plazo máximo de 150 días, requiriendo la aprobación del Congreso para cualquier prórroga. El esquema actual tiene fijada su fecha de expiración para finales de julio.
La decisión del tribunal de apelaciones suspende temporalmente los efectos del fallo emitido en mayo por un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York. Dicho órgano había dictaminado, con una votación de 2-1, que los nuevos aranceles eran «inválidos» y «no autorizados por la ley», tras una demanda interpuesta por pequeñas empresas que argumentaron un exceso en la autoridad delegada por el Poder Legislativo.
Resoluciones previas y el proceso de reembolso
El origen del actual gravamen del 10% deriva de un revés judicial previo. El Tribunal Supremo de Justicia determinó que el mandatario carecía de facultades para imponer tasas arancelarias mediante la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977. Dicha legislación constituía el fundamento principal de las políticas comerciales punitivas iniciadas por Trump tras asumir su segundo mandato en enero de 2025.
A raíz del fallo del máximo tribunal, el gobierno de Estados Unidos inició en abril el proceso para reembolsar cerca de 166 mil millones de dólares recaudados de manera ilegal. La anulación del Supremo afectó directamente a los denominados aranceles «recíprocos» —diseñados para mitigar el déficit comercial—, así como a los gravámenes adicionales del 25% que se habían fijado a las importaciones provenientes de México y Canadá con el fin de presionar en materia de control del flujo de fentanilo. Ante la primera sentencia adversa, el Ejecutivo amenazó con elevar las tasas vigentes al 15%, medida que hasta el momento no se ha formalizado.
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