El diputado Arturo Ávila, vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la inclusión de delitos graves en el esquema de prisión preventiva oficiosa. Durante su intervención, enfatizó que esta medida es esencial para proteger a las víctimas y garantizar procesos judiciales sin interferencias en un contexto de alta criminalidad.
“No podemos permitir que personas acusadas de delitos graves permanezcan en libertad y representen un riesgo para la comunidad. La prisión preventiva no prejuzga culpabilidad, sino que asegura que los procesos judiciales se lleven a cabo sin interferencias”, afirmó Ávila.
El legislador subrayó que la prisión preventiva no contraviene el principio de presunción de inocencia, ya que se trata de una medida cautelar destinada a evitar riesgos como la fuga o la obstrucción del proceso judicial. “Los imputados siguen siendo considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, puntualizó.
Ávila destacó que el aumento de delitos graves que ameritan prisión preventiva, como la extorsión, responde a la realidad de seguridad del país. Citó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la cual registró cerca de 4.9 millones de delitos de extorsión en 2021. “Este delito afecta la seguridad económica de miles de familias mexicanas, y debe ser enfrentado con toda la fuerza del Estado”, argumentó.
Ante críticas sobre la supuesta pérdida de independencia judicial por la aplicación de esta medida, Ávila aclaró que la prisión preventiva oficiosa se basa en un catálogo de delitos definido por el Congreso. Esto, explicó, permite a los jueces actuar con uniformidad en casos graves y no limita su autonomía.
El diputado también aseguró que la medida no contraviene las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. “Se han adoptado estándares internacionales que equilibran la protección de derechos con la necesidad de combatir eficazmente las amenazas a la seguridad. La prisión preventiva es una herramienta necesaria en un contexto de daño social significativo”, agregó.
Finalmente, Ávila resaltó que la ampliación del catálogo de delitos graves, que incluye feminicidio y tráfico de drogas sintéticas, busca reforzar la seguridad nacional. “Al fortalecer las medidas cautelares, protegemos a las víctimas, los testigos y nuestras comunidades”, concluyó.
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